SGAE

Los autores denuncian a las grandes discográficas ante Cultura y la SGAE porque no les pagan

Acusan a las discográficas de irregularidades en los contratos con los autores, lo que se traduce en que no pagan lo que les corresponde

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José Guirao, ministro de Cultura, en su despacho. Foto: Europa Press
Carlos Ribagorda

Javier Losada, vicepresidente de Pequeño Derecho, asociación que engloba a los autores y que está integrada en la SGAE, ha comunicado a sus socios por carta que ha denunciado ante el Ministerio de Cultura y la propio Sociedad General de Autores (SGAE) las irregularidades cometidas por las grandes discográficas en los contratos, que se traducen en que los músicos están dejando de cobrar por sus composiciones. El número de obras afectadas podría alcanzar la cifra de 345.000, según sus cálculos.

El panorama que describe Losada en su carta sobre el sector es demoledor. Según explica, las grandes discográficas no tienen bien documentadas las obras musicales conscientemente, o los tiempos de duración de los contratos son erróneos, lo que les perjudica porque dejan de cobrar sus derechos por esas obras.

Lo peor es que la asociación Pequeño Derecho ha denunciado este hecho ante la SGAE en el pasado y ésta no ha decidido realizar una auditoría interna hasta que las grandes discográficas fueron expulsadas de la Junta Directiva de la SGAE por una sentencia judicial de finales de 2017 que ordenaba su cese inmediato por haber incurrido en “fraude de ley”, “abuso de derecho” y “burla a los estatutos de la SGAE”.

Una vez fuera de la Junta Directiva, según explica Losada, se ha podido proceder a realizar esa auditoría de los contratos de las discográficas con los autores para fiscalizar si están pagando a los autores lo que realmente les corresponde.

«Aún peor»

Los primeros resultados de esa auditoría muestran que el problema «es aún mayor del que esperábamos». Por eso, Losada comunica a sus asociados que «es de suma importancia que esto sea conocido por la comunidad internacional de compositores, que estas grandes empresas editoriales asuman la debida responsabilidad y obligación de transparencia respecto de sus administrados, garantizando a los autores el riguroso cumplimiento de los acuerdos que firmaron originalmente, así como que la SGAE y todas las entidades de gestión asuman su papel vigilante de cara a impedir en el futuro abusos como los que han venido produciéndose».

Losada es crítico también con el papel de la SGAE, que no ha vigilado ni auditado los contratos de las grandes multinacionales con los autores como debía para garantizar la remuneración exacta que les corresponde.

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