Pepe Álvarez, líder de UGT

UGT propone que policías y guardias civiles hagan inspecciones laborales para evitar “esclavitud”

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Pepe Álvarez, secretario general de UGT (Foto: Europa Press)
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Pepe Álvarez, líder de UGT, ha propuesto este martes que se forme a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que realicen labores de inspección de trabajo en las empresas para vigilar “si se respeta la legislación o si hay situación de esclavitud“, como en el sector de las plataformas digitales.

Álvarez ha denunciado en una entrevista radiofónica que Inspección de Trabajo tiene “pocos medios” para combatir situaciones como la de los falsos autónomos, al tiempo que ha abogado por legislar sobre el sector de plataformas digitales, que “no aportan nada, solo nuevas tecnologías”, puesto que el trabajo que se deriva en buena parte de ellas es “esclavitud” y “trabajo precario como hace 30 o 50 años”.

Por ello, ve necesario legislar sobre el sector para evitar que se den procesos en Inspección de Trabajo o a nivel judicial, especialmente en lo referido a las plataformas digitales sobre reparto de comida a domicilio o concesiones VTC.

Taxi

Sobre esto último, ha defendido que hay que acabar con una situación de “competencia desleal” hacia el taxi, que ha adquirido licencias en algunos casos a precios “desorbitados”. “A un señor que ha pagado 200.00 o 300.000 euros por una licencia no se le puede cambiar las reglas del juego de hoy para mañana”, ha remarcado Álvarez, quien ha dicho no entender por qué se pueden vender y comprar licencias de unos a otros, ya que provoca que el trabajo autónomo e individual “no prevalezca”.

En todo caso, ha insistido en que las VTC hay que regularlas y hacer que “paguen impuestos en España”, los empleados trabajen con condiciones “decentes” y evitar que haya acumulación especulativa de licencias. Asimismo, Álvarez ha calificado de “empresa pirata” a Ryanair y ha alertado de que hay empresas multisevicios que utilizan tácticas similares, que se han formado a partir de la reforma laboral del PP al acogerse a convenios empresariales “por debajo” de los sectoriales en derechos.

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