Podemos mete presión al Gobierno con las licencias del taxi a cambio de apoyo al techo de gasto

Los propietarios de las 67.000 licencias de taxi que hay concedidas en España y sus familias son un colectivo jugoso en votos para Podemos y sus confluencias. De ahí, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenga tanto empeño en conseguir las competencias para poner coto a la actividad de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) en el área metropolitana.

El partido morado está ejerciendo una fuerte presión sobre el débil Gobierno en minoría, el de los 84 escaños, para que Pedro Sánchez ceda a la presión del gremio y traspase las competencias de las licencias VTC a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Las principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona y Valencia, están en manos de Podemos y sus afines. En Madrid hay operativas 2.933 licencias VTC y en Barcelona otras 920.  Unas cifras que el lanzamiento de nuevas licencias ha disparado a 9.800 y 5.610 respectivamente.

Es en lo que ocurra en esas dos grandes ciudades donde más se juegan los servicios de Uber y Cabify, emblemas de los VTC. Y los consistorios de Ada Colau y Manuela Carmena quieren aprovechar el filón del enfado de los taxistas en busca de apoyos para las próximas elecciones municipales de 2019.

En el otro lado, representantes autonómicos socialistas, como el presidente valenciano, Ximo Puig, entre otros, no quieren que el Ejecutivo les traslade este problema que tiene difícil solución, dada la popularidad de las aplicaciones de Uber y Cabify y las sentencias que ha dictado ya el Tribunal Supremo.

En este difícil contexto, Podemos está ejerciendo presión sobre Pedro Sánchez para que apruebe un reglamento favorable a los intereses del taxi. Las movilizaciones de los taxistas están siendo la primera gran crisis que afronta el Ejecutivo socialista desde que llegó al poder aupado por sus socios, entre otros Podemos. De cómo la resuelva, dependerá en buena medida su reputación en los próximos meses.

Unos meses que no van a ser fáciles para el Ejecutivo que la pasada semana comprobó la dificultad de gobernar con 84 escaños, cuando el techo de gasto que llevó al Congreso no fue aprobado. Esas cuentas volverán al Parlamento en un mes y el apoyo de Podemos es vital para sacarlas adelante. De ahí que fuentes próximas al partido socialista reconozcan que las licencias se están convirtiendo en una moneda de cambio de cara a esas otras duras negociaciones que se avecinan en septiembre para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.