servicios de agua pública en Valladolid

La empresa de agua pública Aquavall cobró de forma ilegal a sus abonados

La empresa de agua pública Aquavall cobró de forma ilegal a sus abonados
aquavall interior

El Tribunal de Justicia de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León, en una sentencia fechada el pasado 14 de junio, ha anulado la Ordenanza fiscal reguladora del ciclo integral del agua que factura Aquavall, además de tener que pagar las costas del pleito.

Esta sentencia anula la Ordenanza fiscal del ciclo integral del agua aprobada por el Ayuntamiento de Valladolid, el pasado 6 de junio de 2017, y que venía aplicando Aquavall desde el 1 de julio de 2017 tras la remunicipalización del servicio de aguas por el Ayuntamiento.

El TSJ en su sentencia afirma que la Ordenanza es contraria al ordenamiento jurídico al establecer irregularmente el devengo y el periodo impositivo, lo que provoca que la “inadmisible omisión/indefinición” de estas cuestiones provocaría el riesgo de que pudiesen ser modificadas en cualquier momento del año, cuestión que no podía suceder con la anterior Ordenanza vigente antes de la remunicipalización.


Aunque el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una nueva Ordenanza fiscal para 2018, la misma sigue conteniendo las mismas irregularidades que se mencionan en la sentencia del TSJ.

Cabe recordar que uno de los argumentos por los cuales el Consistorio fundamentó la municipalización, descartando con ellos otras fórmulas de colaboración público – privada, fue que el servicio únicamente se podría gestionar directamente, sobre la premisa de que la tarifa del servicio debía ser una tasa, que únicamente podía ser recaudada por una Entidad Pública Empresarial, Aquavall; tasa ahora anulada por esta sentencia.

Con esta sentencia los abonados tendrán derecho a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas conforme a esta Ordenanza anulada por el TSJ o posibles reclamaciones futuras en las siguientes liquidaciones o facturas de la tasa giradas por Aquavall, tras la nulidad de la Ordenanza decretada por el TSJ, lo que indudablemente repercutiría en las arcas municipales.

Aquavall: «es una cuestión formal»

En una nota de prensa, la empresa pública de agua sostiene que : «La sentencia únicamente estima una cuestión formal, como es que no estaban correctamente que regulados el concepto de devengo y el período impositivo. “Es una cuestión formal puesto que en absoluto afecta ni al fondo del proceso de recuperación de la gestión directa del agua, ni al pago realizado por la ciudadanía, ya que las tarifas se mantuvieron sin modificaciones y conforme a las que establece la Junta de Castilla y León”».

Añaden que: «hay que aclarar que la sentencia hace referencia exclusivamente a la ordenanza reguladora de la tasa desde julio hasta diciembre de 2017 pues, como indica la sentencia, “las tarifas ya han sido modificadas con efectos de 1 de enero de 2018 en virtud de la modificación aprobada en sesión plenaria de 21 de diciembre de 2017”».

Aquavall insisten en que la sentencia no afecta a este ejercicio: «a día de hoy, las tarifas aplicadas en 2018 son las aprobadas con efectos de 1 de enero de 2018 no afectadas por la anulación. Sobre todo es muy importante destacar que la nulidad de la ordenanza no se extiende a las liquidaciones efectuadas en su momento y que ya son firmes administrativa o judicialmente. Como he indicado antes, eso no supone ningún agravio, puesto que las tarifas se mantuvieron exactamente iguales».

Lo último en Economía

Últimas noticias