La juez plantada por Saracho condena al Popular a devolver 28.000 euros a un cliente de la ampliación

Una juez de Barcelona, que fue plantada esta semana por el ex presidente del Popular, Emilio Saracho, al no acudir al juicio como testigo, ha condenado al banco a pagar 28.047 euros a un cliente que acudió a la ampliación de capital de la entidad en 2016.

La magistrada Yolanda Arrieta, en sentencia dictada este viernes, decreta «la nulidad de la adquisición de 22.438 acciones de Banco Popular en fecha 20 de junio de 2016 por el demandante y debo condenar y condeno a Banco Popular Español a devolver a Don José Miguel Sáez de Ibarra el importe invertido de  28.047,50 euros, con los intereses legales desde la fecha de la suscripción».

La juez entiende que «se indujo a error a la parte demandante, pues en el folleto de la ampliación se estimaron las pérdidas para el ejercicio 2016 en 2.000 millones de euros cuando las mismas ascendieron a fecha 31 de diciembre de 2016 a 3.485 millones de euros».

La magistrada Arrieta recuerda que «la finalidad del aumento de capital para el cual se procedió a la emisión de las acciones tenía por objeto fortalecer el balance del Banco Popular y mejorar sus índices de rentabilidad, y asimismo también se reflejaba que como consecuencia a partir del 2017 sería capaz la entidad bancaria de acelerar gradualmente el retorno a una política de dividendos en efectivo para sus accionistas».

Venta al Santander

«Incluso el Presidente de la entidad en esa fecha -continúa-, manifestaba que con los efectos beneficiosos de dicha ampliación en el saneamiento del balance se esperaba volver a la política tradicional de reparto de dividendos y que para 2018 se debería entregar en metálico el 40% del beneficio, y a pesar de ello lo que sucedió es que el 6 de junio de 2017 se determinó la inviabilidad de la entidad y se vendió al Banco Santander por un euro».

Con esta sentencia se hace más patente que los jueces están dando la razón a los afectados por la ampliación frente al banco. Hasta la fecha se han dictado casi una decena de sentencias a favor de los inversores que acudieron a la ampliación de 2.500 millones que realizó el banco en 2016, mientras que apenas una -en Bilbao- ha dado la razón al Popular.

Respecto a Saracho, le da cinco días para que presente las alegaciones pertinentes por no acudir a declarar como testigo. La posible multa va de 180 a 600 euros.