Inspectores de Hacienda del TEAC amenazan con bloquear procesos judiciales si no se les aumenta el sueldo

Los Inspectores del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) amenazan con ralentizar su trabajo como forma de presión para mejorar sus condiciones laborales. Once de los doce vocales que componen este organismo (todos inspectores de Hacienda) llevan desde hace dos años reclamando a la presidencia del TEAC una equiparación salarial acorde a su trabajo y en consonancia con lo que se está haciendo en la Agencia Tributaria.

Este organismo es el encargado de dilucidar si son acorde a derecho o no, las liquidaciones y multas impuestas a las empresas a la hora de hacer frente a sus obligaciones tributarias. Lo que piden los inspectores del TEAC son unas mejores de entre un 10 y un 20% de su sueldo (100.000 euros al año) por el volumen (cada vez mayor de asuntos resueltos) así como por la cuantía y dificultad de los temas tratados. A esta división corresponde resolver las reclamaciones de las grandes cuentas empresariales por lo que abordan cuestiones millonarias.

Según ha podido saber OKDIARIO, la aparente huelga de brazos caídos con la que amenaza este colectivo no podría nunca llevarse a cabo pues parte de su sueldo está directamente vinculado a productividad. Es decir, perciben su salario en buena parte vinculado al número de expedientes que resuelven. Por lo que una bajada en los mismos serían ellos los principales perjudicados. Por tanto, hay que descartar el peligro de que muchos de los asuntos que están tratando prescriban.

Los inspectores demandan una equiparación con sus homólogos en la Agencia Tributaria

Tampoco ha lugar a la queja realizada por parte de Ciudadanos, dicen las fuentes consultadas por este periódico, sobre que al estar en una situación de interinidad se puedan echar para atrás en los tribunales las resoluciones que ellos adoptan. «Es una situación bastante común en la administración pública que funcionarios no confirmados resuelvan asuntos para evitar el silencio administrativo», apuntan.

De lo que no cabe ninguna duda es que estos funcionarios reciben una presión constante para que resuelvan en el menor tiempo posible el mayor número de asuntos para ir agilizando los procedimientos. La paradoja llega cuando es este mismo colectivo el que no quiere que se incrementen en demasía la plantilla pues de este modo, perderían pluses.

Incluso  algunos miembros consultados por OKDIARIO confiesan que apenas se leen la totalidad de los expedientes que alegan las empresas y se limitan a cortar y pegar resoluciones anteriores que a veces, no tienen mucha relación con el asunto a tratar. Porque además, estas resoluciones pueden ser recurridas ante los tribunales de justicia por lo que hay que ser extremadamente cauteloso con lo que se resuelve para evitar incongruencias.

Demandan de la secretaría de Estado de Hacienda una equiparación con sus homólogos en la Agencia Tributaria pero son conscientes, de que un colectivo que gana unos 100.000 euros al año, en la actual situación laboral española no contarían con el apoyo social. Dicen que debido al incremento exponencial de litigios en nuestro país hace que los volúmenes de pendencia (asuntos a resolver) sean insostenible.

Recordemos que mientras la carga de trabajo de los TEAT crece incesantemente (si en 2003 entraron 103.344 asuntos, desde 2011 la entrada viene superando ampliamente los 200.000 expedientes anuales) la respuesta ha sido la merma de los funcionarios encargados de resolverlos, lo que ha originado que en este momento los ciudadanos tengan más de 300.000 reclamaciones esperando respuesta, con una deuda total que puede estimarse superior a los 60.000 millones de euros.

Esto afecta a la seguridad jurídica de los ciudadanos recurrentes, ya que el tiempo medio que han de esperar a la resolución de sus reclamaciones está en torno a los 3 años. En paralelo, la sangría para las arcas públicas de ese retraso no deja de crecer, ya que el montante total de la deuda suspendida durante el tiempo de tramitación, que no genera intereses de demora a favor del Organismo Público acreedor una vez transcurrido un año, puede estimarse, ante la falta de publicación de datos sobre su importe, cercano a los 30.000 millones.