EL JUEZ PIDE LOS INFORMES REALIZADOS DESDE ENERO DE 2017

La Audiencia Nacional reclama a JP Morgan y Lazard que aclaren si Popular estaba en riesgo de quiebra

Popular
Emilio Saracho fue ex vicepresidente de JP Morgan antes de presidir Banco Popular.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ampliado las diligencias previas del caso que investiga la resolución del Banco Popular, exigiendo a JP Morgan y a Lazard Asesores Financieros, que le envíen toda la documentación sobre la entidad financiera para constatar si la entidad financiera estaba en riesgo de quiebra meses antes de su intervención.

Esta solicitud se enmarca dentro de las diligencias previas que el Juzgado está realizando para aclarar las responsabilidades en la crisis de liquidez que sufrió el Banco Popular y que motivó su resolución, aunque varios analistas y técnicos del Banco de España consideran que, en realidad, se trató de una crisis de solvencia que imposibilitaba que la entidad siguiera su camino en solitario.

La providencia del juez Andreu a JP Morgan y Lazard, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, exige que ambas sociedades le entreguen «la documentación facilitada, tanto individual como conjuntamente, a entidades bancarias interesadas en la adquisición del Banco Popular».

Por otra parte, el magistrado ordena también a ambas sociedades «cualquier informe o documento emitido desde enero de 2017 hasta la fecha (…) que contenga o en el que se realicen estimaciones de las potenciales contingencias existentes que puedan afectar a la situación patrimonial y financiera del Banco Popular».

Es precisamente este segundo punto el importante para determinar si se produjo algún tipo de manipulación en el mercado que motivara la caída precipitada del Popular, ya que un medio de comunicación publicó el pasado mayo que el entonces presidente del banco, Emilio Saracho, había encargado a JP Morgan y Lazard que valoraran la venta del Popular «por riesgo de quiebra».

La citada información fue publicada un mes antes de la resolución del Popular y los días posteriores a su difusión las acciones de la entidad financiera sufrieron un importante castigo en Bolsa. En el artículo se aseguraba que Saracho (antiguo vicepresidente mundial de JP Morgan) había informado al ministro de Economía, Luis de Guindos, de lo delicado de la situación del Banco Popular.

«Ante la salida continuada de depósitos y el cierre de fuentes externas de financiación, el banco corre el grave riesgo de declararse en quiebra, por lo que Saracho se ha visto forzado a activar la medida más drástica y desistir de vender activos de forma progresiva para mejorar los ratios de capital y cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo (BCE)», indicaba el citado artículo.

Tras la publicación de esta noticia, el Popular envió un comunicado de desmentido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y anunció que se reservaba «el derecho de emprender las acciones legales pertinentes». Posteriormente el Consejo de Administración del banco presentó una querella contra el medio de comunicación que fue sobreseída en noviembre del pasado año por el juez Enrique Presa.

Fuentes jurídicas señalan a OKDIARIO que la defensa de los afectados, cuya cabeza visible es el abogado Felipe Izquierdo, consideran que el artículo objeto de polémica pudo acelerar la crisis del Popular y que esta es la razón por la que toda la documentación que arroje luz sobre los trabajos de JP Morgan y Lazard respecto a Popular debe ser analizada por el juez.

Lo último en Economía

Últimas noticias