La verdad sobre el recibo de la luz: las políticas públicas cuestan 21.500 millones cada año

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(Foto: iStock images)

Las decisiones de política energética y fiscal cargan cada año a las familias y a las empresas con más de 21.500 millones de euros de sobrecoste en la factura de la luz. A pesar de que la intención de los sucesivos Gobiernos ha sido mantener un precio razonable de la electricidad por ser un bien de primera necesidad, la realidad es que los impuestos, tasas y subvenciones en materia energética han provocado que más del 50% del recibo no tenga nada que ver con la generación y distribución de electricidad.

En concreto, según establecen las liquidaciones de la CNMC correspondientes a 2016, los hogares y las empresas abonan 38.266 millones de euros anuales para sufragar el coste del sistema eléctrico español, de los cuales 21.578 millones son consecuencia de las decisiones de política energética (11.136 millones) y tributaria (10.442 millones) .

Así, las subvenciones suman 8.294 millones de euros cada año (destacando el desembolso para financiar las denominadas energías renovables), mientras que el servicio de la deuda asciende a 2.841 millones (como consecuencia del déficit de tarifa acumulado en años anteriores).

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Sistema eléctrico español (datos de liquidación de 2016)

Dentro de los elementos que encarecen artificialmente la electricidad se encuentran costes tan variopintos como la solidaridad territorial (para que la luz no sea más cara en las islas y en Ceuta y Melilla, los incentivos al consumo de carbón nacional altamente contaminante (para mantener los empleos en las cuencas mineras), la limpieza de los bosques e incluso hasta el Plan Renove de tractores.

Además, el impacto de los impuestos en la factura de la luz alcanzan los 10.442 millones anuales. Al recibo eléctrico se le aplica en España el tipo de IVA más alto de Europa para bienes considerados de primera necesidad (el 21%). A este tributo hay que sumar el Impuesto de la Electricidad (un 4,8%) que recauda el Estado y cede en su totalidad a las comunidades autónomas.

Esta elevada fiscalidad (de un 26% sobre la factura total si añadimos las tasas) la pagan también los consumidores con menos recursos a pesar de estar identificados por el Gobierno como colectivos vulnerables y, por lo tanto, como candidatos al denominado “bono social“.

“La luz en España ha experimentado uno de los mayores incrementos de precio de la UE en los últimos años. Éramos baratos y hemos dejado de serlo. Si se extrajeran de la tarifa los costes derivados de decisiones políticas el recibo podría situarse entre los más bajos de Europa, ya que España está en la media de los países de la zona euro tanto para los consumidores domésticos como para los industriales”, señalan fuentes del sector energético a OKDIARIO.

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Sistema eléctrico español (datos de liquidación de 2016)

 

El hecho que explica que los precios eléctricos en España estén en línea con los de otros países de nuestro entorno es consecuencia de que “los errores políticos se han compensado, en parte, con la caída de los costes de generación, entre otros, gracias a las eficiencias del sector”, indican las fuentes consultadas. Sin embargo, los consumidores “no han podido percibir este esfuerzo empresarial debido, una vez, a las decisiones políticas del Gobierno que no han querido trasladar la rebaja y han usado esa ventaja para compensar los sobrecostes anteriores del sistema”.

En este contexto ¿qué medidas podría adoptar el Gobierno para que en la factura de la luz solamente se incluyan los costes derivados de la generación y el transporte de la energía? Los analistas consultados por este diario apuntan a que se podrían financiar los citados costes políticos como los incentivos a las renovables o la solidaridad territorial incluyéndolos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De esta forma serían los ciudadanos como contribuyentes –y no como consumidores– quienes tendrían que hacer frente a estos desembolsos.

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Sistema eléctrico español (datos de liquidación de 2016)

Además, el Ejecutivo podría reducir el IVA que se aplica a la factura, rebajando así el coste para todos los consumidores. Una menor fiscalidad que podría tener un mayor alcance en el caso de las familias vulnerables, permitiendo así acabar con el sistema de bono social que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por las compañías eléctricas porque les obliga a sufragar el coste de una partida que, en teoría, debería financiarse con gasto público.

Finalmente, con la mirada puesta en el medio y largo plazo, los expertos apuntan a la necesidad de apostar por un mix energético equilibrado, acorde con la realidad del país y con la necesidad de sostener económicamente la factura eléctrica. Esto implica no demonizar fuentes de energía como la nuclear que son el pilar del sistema y que permiten la generación eléctrica con seguridad, bajos costes y nulas emisiones de gases que provocan el denominado “efecto invernadero”.

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