El PNV usará la potencia fiscal del nuevo cupo para comprar más acciones de empresas vascas

La decisión del PNV de emplear dinero público para adquirir acciones de la empresa Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) es la punta de lanza de una nueva estrategia que ha diseñado el Gobierno de Íñigo Urkullu para ayudar a las compañías vascas y que puede ser contraria a la legislación europea. La intención del Ejecutivo regional es destinar entre 100 y 150 millones de euros a entrar en el capital de sociedades con sede en el País Vasco utilizando la potencia financiera extra que le proporciona el nuevo acuerdo del Cupo.

La propia consejera autonómica de Desarrollo Económico e Infraestucturas del Gobierno de Urkullu, Arantxa Tapia, ha trasladado a los empresarios que el objetivo es fomentar el crecimiento del PIB regional favoreciendo a las compañías vascas que tengan un importante peso tecnológico y que estén enfocadas a la exportación.

Lo que no ha admitido públicamente la consejera es que este tipo de iniciativas, además de ir contra la tendencia natural a revertir las nacionalizaciones, se realizará gracias al músculo financiero del que disfruta el País Vasco tras el nuevo acuerdo que mejora las condiciones de su ya privilegiada normativa fiscal respecto al resto de comunidades autónomas.

«Destinar fondos públicos a la compra de acciones de empresas por motivos ideológicos sólo lo hacen las comunidades autónomas que pueden. En este caso hablamos del País Vasco, que es la región que recibe más que el resto obteniendo en términos netos unos 3.300 millones de euros más de lo que aporta», indica a OKDIARIO Francisco de la Torre, máximo responsable en materia fiscal de Ciudadanos y presidente la Comisión de Presupuestos del Congreso.

A juicio de Latorre, el PNV utiliza el margen extra que le proporciona el regalo fiscal de 1.400 millones de euros que se ha comprometido el Gobierno Central a entregarle en concepto de supuestos atrasos por el sistema de cálculo del Cupo. Además, el nuevo modelo pactado con el PP «en un proceso opaco y sin enmiendas» permite al Ejecutivo regional reducir sus aportaciones a las arcas estatales.

«El detalle de todo esto no se explica en absoluto, quizás porque es simplemente inexplicable (…) se está profundizando en la sobrefinanciación de las Administraciones Vascas. Esto, en mundo de recursos limitados, tiene como consecuencia ineludible la subfinanciación de otras Administraciones, y el pago de mayores impuestos de los ciudadanos de otros territorios», indica la propuesta de veto presentada por Ciudadanos al Proyecto de Ley que aprueba la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

La entrada del Gobierno Vasco en el capital de empresas con sede en la comunidad autónoma y que tengan gran arraigo local se suma a la decisión de rebajar el Impuesto de Sociedades cuatro puntos (del 28% al 24%) para favorecer la industria regional. Y, también hay que recordar que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha utilizado una parte de las competencias sustraídas a la CNMC para rebajar la factura energética de las empresas vascas.

Posibles ayudas ilegales según la UE

Aunque nadie se pronunciado todavía al respecto, fuentes comunitarias han señalado a OKDIARIO que estas operaciones de compra de acciones de empresas por parte de Ejecutivos regionales puede ir contra la normativa europea que penaliza las ayudas de Estado.

Se entiende por ayuda estatal el apoyo que presta una autoridad pública (nacional, regional o local) a determinadas empresas o producciones por medio de recursos públicos. De forma que las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas resultan favorecidas con respecto a sus competidores. Sirva como ejemplo el caso de CAF, que al recibir el respaldo del Ejecutivo vasco puede financiarse a menor coste en el mercado.

La normativa comunitaria sólo permite las ayudas estatales cuando se justifican por objetivos de «interés general». Es la Comisión Europea quien  se encarga de controlar las medidas adoptadas por los países de la UE en materia de ayudas estatales para asegurarse que no suponen subvenciones encubiertas que perjudican al resto de compañías de un sector.

Para Ciudadanos la estrategia del PNV de comprar acciones de compañías vascas «puede distorsionar la competencia», aunque debe ser la CNMC quien se pronuncie al respecto. No obstante, con independencia de la cuestión legal, Francisco de la Torre considera que la mayor capacidad fiscal del País Vasco respecto al resto de CCAA debería servir para incrementar el gasto en otras partidas que «respondan a necesidades más urgentes» de la sociedad.