La norma Colau para los VTC crea inseguridad jurídica y frena las inversiones en Barcelona

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha decidido poner una barrera de entrada en la Ciudad Condal a los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Ahora, los coches que usan empresas como Cabify y Uber deben contar con la licencia del Ministerio de Fomento y, además, con un permiso municipal del Consistorio. Los expertos creen que el nuevo decreto de Colau sienta un precedente de inseguridad jurídica que daña la imagen del país y ahuyenta la inversión nacional e internacional.

Barcelona en Comú (BComú) elaborará un nuevo reglamento para los VTC que quieran circular por Barcelona que será redactado próximamente por “los grupos políticos y el sector del taxi” y, a tenor de las palabras de Colau, queda fuera la colaboración de las plataformas tecnológicas afectadas como Cabify y Uber.

La concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, señala que la licencia municipal se dará teniendo en cuenta condiciones de tráfico, regulación de la movilidad y el medio ambiente. “Lo último que necesitamos es que se sumen 3.000 vehículos más”, añadía. Por su parte, la exlíder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cree que “lo que no puede ser es que, bajo el amparo de las licencias VTC, se acabe produciendo una intromisión en el sector del taxi”.

Leandro Núñez, abogado experto en Derecho de la competencia y socio de la firma Audens, explica a OKDIARIO que “las reglas del juego deben estar claraS para todos, cambiarlas de manera sobrevenida es un problema porque daña la seguridad jurídica, la imagen del país y paraliza las inversiones”.

Cree, además, que “toda medida que restrinja los derechos tiene que estar basado en el interés general”, por ello, explica el letrado, “este tipo de cambio de reglas sienta precedentes peligrosos”.

Las licencias VTC, señala Núñez, están reguladas a través de la Ley de Transporte en Carreteras, “no está pensada para hacer la competencia al taxi porque la manera de usar este servicio es distinta, no puedes pararlo por la calle y solo se puede pedir a través de plataformas digitales, por ejemplo”.

Sin embargo, según el colectivo del taxi y a tenor de sus varias movilizaciones en diversos puntos de España, estas plataformas como Cabify y Uber incurren en competencia desleal. El experto en Derecho de la competencia explica que “la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) siempre es favorable a la apertura del libre mercado”, por lo que el órgano regulador “imagino y, siempre velando por este libre mercado, recurrirá la nueva norma” sobre la regulación en Barcelona de los VTC.

Aunque, eso sí, explica Núñez, “primero se le mandará un requerimiento” al Ayuntamiento de Barcelona para que modifique la ley y, “si no lo hace, pondrían un recurso contencioso administrativo y llevaría la norma a los tribunales”.

Otro asunto sobre el que llama la atención el abogado experto en Derecho de la competencia, y a la espera de conocer el texto del equipo municipal, es saber si la norma “será o no con carácter retroactivo”, si se aplica a aquellas licencias de VTC que están ya en funcionamiento “limitará los derechos” de los poseedores de las licencias del Ministerio de Fomento que “han hecho una inversión y están trabajando actualmente”.

El sector del taxi se ha mostrado satisfecho con el anuncio de Colau y ha animado a otras ciudades de España a impulsar iniciativas similares. Por su parte, Uber y Cabify han declinado hacer comentarios sobre el nuevo decreto del Ayuntamiento de Barcelona.