Puig aparta a su consejera de Sanidad para salvar la crisis con el Instituto Valenciano de Oncología

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha visto obligado a desautorizar a su consejera de Sanidad y tomar las riendas de una crisis sanitaria desbocada con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), tal y como ocurrió hace menos de un mes con las concesiones sanitarias de los hospitales y como parece que pasará con las farmacias en breve.

La Sanidad valenciana amenaza con convertirse en el virus que se lleve por delante al maltrecho gobierno del socialista Ximo Puig. No ha salido de una crisis y la consejera de Sanidad, Carmen Montón abre otra, sin importarle que las víctimas colaterales de sus despropósitos sean cinco millones de valencianos.

El último charco en el que la consejera Montón se ha metido ha sido a raíz de la renovación del convenio con el IVO, una institución con mucho arraigo en la Comunidad Valenciana y gran prestigio. Un día antes del fin del plazo establecido para la firma del convenio de la prestación de este servicio, y tras tener conocimiento de informes negativos de la propia Abogacía y la Intervención de la Generalitat valenciana a la propuesta de la Consejería de Sanidad, los patronos de la fundación del IVO acordaron no firmar, aún siendo la única entidad que se había presentado a la convocatoria.

A partir de ese momento, la actuación de la consejera de Sanidad, como casi siempre, ha sido un auténtico despropósito. Diferentes medios valencianos han citado declaraciones contradictorias de la propia consejera, anuncios imposibles (como que la Sanidad valenciana puede asumir todos los pacientes del IVO si contrata a 600 profesionales que no tiene ni puede pagar), y han revelado presuntos cambios de fecha en documentos oficiales, un nuevo y cuestionado informe de la Abogacía que sustituye al que era negativo, ampliaciones de plazos imposibles legalmente y un cúmulo de situaciones irregulares que enredan cada día más una madeja, con un componente sensible que convierte a esta crisis en una auténtica bomba política de relojería.

Es por eso que el presidente socialista Puig ha decidido apartar a la consejera de Sanidad del caso y convocar una reunión de urgencia durante el fin de semana con los patronos de la fundación del IVO para intentar llegar a un acuerdo, al tiempo que se arreglan los desaguisados administrativos que llevaron a la Abogacía y a la Intervención a informar en contra del convenio inicialmente ofertado. El pasado domingo a última hora de la noche se cerraba un acuerdo entre la administración valenciana y el instituto oncológico.

El caso es que no es la primera vez que el Presidente valenciano tiene que ponerse la bata y convertirse en el consejero de Sanidad “de facto” para intentar esquivar una crisis. Hace menos de un mes hizo lo mismo y dejó de lado a la consejera en la reunión que mantuvo con la vicepresidenta de la multinacional americana Centene Corporation, Cindy Brinkley, propietaria del 50% de las concesiones sanitarias conocidas como el “modelo Alzira”, que son responsables de tres de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, que da empleo a más de 5.000 personas en esta región y que en la actualidad es la empresa 66 en el ranking de Fortune 500.

La obsesión de la consejera Montón contra estas concesiones, a pesar de los buenos resultados de salud, el informe del Síndico de Cuentas asegurando que ahorran un 25% de los costes a la administración y la satisfacción de los pacientes, llevó al presidente Puig a reunirse con la cúpula de la empresa americana dejando de lado a su consejera para mantener abierta, al menos, una vía de diálogo.

Pero el IVO y el resto de concesiones sanitarias no son los únicos ni los últimos problemas en la Sanidad valenciana. El Colegio Oficial de Farmacéuticos amenaza con suspender los convenios con Sanidad e ir a los tribunales por el modelo de prestación sociosanitaria que ha diseñado la consejera valenciana, con todo el sector en contra. Denuncian, además, los farmacéuticos que han recibido presiones de Sanidad para no presentar alternativa. No se descarta, por tanto, que el presidente Puig tenga que volver a ponerse la bata una tercera vez para intentar mediar en este conflicto con las farmacias, un actor e intermediario muy necesario en la “relación sanitaria” entre administración y ciudadanos.

De menor impacto mediático pero de gran importancia también es el polémico concurso para la prestación del servicio de ambulancias, que ya ha sido recurrido por dos de las empresas excluidas por, según han denunciado, “graves irregularidades” en la adjudicación.

Todos estos casos, sumados a las largas listas de espera que colapsan servicios enteros en la Sanidad valenciana, las víctimas mortales de dos casos medio tapados de legionella, la mala previsión en la organización de la Sanidad, la ausencia de proyectos, la cadena de dimisiones en la cúpula de la Consejería, en las gerencias de los hospitales y en las jefaturas de servicio de los centros sanitarios, las denuncias por enchufismo, los despidos irregulares -denunciados y ganados, como en el Provincial de Castellón- y un largo etcétera amenazan con sepultar a un gobierno entero por la incompetencia de la consejera de Sanidad, Carmen Montón.

«Metafóricamente, el presidente Puig parece que ha optado por coger el carro de paradas para intentar reanimar al más enfermo entre los enfermos: la Sanidad valenciana.  Y ya nadie entiende por qué mantiene a una consejera que, no contenta con no solucionar los problemas existentes, además los genera», señalan fuentes parlamentarias valencianas.