Carmena ahoga a las firmas postales: les obliga a renovar toda su flota de vehículos antes de 5 años

El Plan A de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, poner contra las cuerdas la viabilidad de económica de las empresas de logística y paquetería. El proyecto, presentado esta semana, brinda cinco años de plazo a estas sociedades para readaptar y reemplazar su flota para poder seguir con su actividad empresarial en el centro de la capital. Una demanda, que según la patronal Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), requiere de un esfuerzo inversor importante que será complicado de amortizar a corto plazo.

Según la misma organización, las empresas de paquetería y logística tendrán que renovar el 40% de su flota automovilística para acceder a la Zona Cero de Emisiones en 2020 y el 85% en 2022. Estas compañías no tendrán más remedio que renovar y readaptar sus vehículos de transporte de mercancías urbanas, sin embargo, el desembolso económico podría convertirse en una piedra en el zapato para su viabilidad económica.

«Para cumplir con la ecologización de la flota de reparto marcada por el Plan A para acceder a la Zona Cero de Emisiones, aseguran, en 2020 habría que renovar todos aquellos vehículos diésel adquiridos antes de 2006 y en 2022 los matriculados antes de 2014», señalan.

Como explican desde UNO, uno de los aspectos a tener en cuenta es que el reparto y las entregas finales, en muchos casos, las realizan autónomos y microempresas que tienen una capacidad de inversión más pequeña. Hacer un cálculo de la inversión, de momento, es complicado ya que la tipología de modelos es muy variada (furgonetas de diversos tamaños) y el precio depende de la energía con la que esté propulsada.

Por ejemplo, el coste de una furgoneta de 3,5 toneladas (grande) puede llegar a los 30.000 euros, si está propulsado con gas podría costar 6.000 euros más y si lo hace con electricidad podría costar alrededor de 90.000 euros.

Según la normativa del ayuntamiento, los vehículos de reparto híbridos tendrán más ventajas en cuanto a horarios que aquellos que funcionan con gasolina o diésel. Sin embargo, todavía el coste de la automoción de energías limpias es demasiado elevado para que una empresa, pyme o autónomos pueda amortizar la inversión de comprar un vehículo antes de dos décadas, según explican desde UNO. “Se trata de un esfuerzo considerable, teniendo en cuenta que el periodo de amortización de un vehículo de distribución urbana de mercancías puede llegar, en algunos casos, hasta los 20 años”, concluyen.

Pero, además, como señalan en UNO no sólo son necesarios puntos de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas en Madrid, sino también en los centros logísticos desde donde parten los vehículos y en las rutas de reparto, que en muchos casos afectan a municipios próximos a Madrid. No obstante, y así lo ha expresado, UNO ha valorado positivamente que el consistorio gestionado por Ahora Madrid haya incorporado buena parte de sus propuestas a este proyecto anticontaminación.

Otra de las peticiones que la patronal ha hecho a Manuela Carmena es la creación de un Registro de Vehículos de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) que permita conocer la cifra real de vehículos de reparto y llevar a cabo medidas más concretas en el sector.

Como aclaran desde UNO, el tener una furgoneta no significa que todas las existentes en Madrid se dediquen a la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). Según la patronal, se estima que en Madrid podrían estar operando unas 5.000 furgonetas de reparto en un día normal, aunque se disparan en momentos puntuales como la época navideña o la oferta del Black Friday.

El Plan A de Carmena ya es una realidad y aquellos que quieran circular con su coche por dentro de la M.30 tendrá que conocer bien la normativa municipal.

Todo el distrito Centro se va a convertir en Área de Prioridad Residencial (APR), por ello, el tráfico se va a restringir y solo será permitido a los vecinos y empleados de la zona, taxis, VTC, coches eléctricos, vehículos de personas con movilidad reducida, autobuses y proveedores de mercancías. Al resto de conductores se les exigirá el uso de híbridos o el uso de garajes privados o parkings públicos.

Este Plan A irá aplicando las medidas hasta 2020 con un presupuesto global de 544 millones de euros con la pretensión de reducir los 2,5 millones de coches que a diario circulan por Madrid y de reducir un 50% las emisiones de CO2 hasta 2030.