ENTREVISTA A JOSEP BOU

Empresarios de Cataluña: «La Hacienda catalana colapsará la economía, no sabremos a quién tributar»

puig pascual
Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda de la Generalitat de Cataluña.

No hace ni dos días que la Generalitat presentaba el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que pretende suplantar la identidad de la Hacienda estatal cobrando todos los impuestos de la región, y el gobierno de Puigdemont ya está amenazando con castigar a a los empresarios que no declaren sus impuestos ante la Generalitat. “Lluís Salvador, el secretario de Hacienda, ya nos ha advertido de que nos va a mandar notificaciones y nos exigirá que abonemos los impuestos a la ATC: también las retenciones de IRPF y el IVA de las pymes”, explica a OKDIARIO Josep Bou, presidente de la organización Empresarios de Cataluña, que agrupa a más de 400 empresarios en contra de la independencia de Cataluña.

La organización de Empresarios de Cataluña no cree que finalmente la Hacienda catalana consiga suplantar la identidad estatal. Pero, si finalmente el desenlace fuese favorable para Puigdemont y absorbiese las competencias del Estado, “crearía un colapso enorme en la economía española” a la hora de liquidar impuestos.

Si finalmente se hiciese real -los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lo consideran inviable- los empresarios estarían entre la espada y la pared ya que recibirían notificaciones de ambas instituciones exigiendo el pago de los impuestos correspondientes. “Nos podemos encontrar en un escenario francamente incómodo. Nos pueden dar por todos los lados, esa es la realidad. Nosotros lo único que pretendemos es pagar nuestros impuestos: queremos seguir autoliquidando los impuestos en la Agencia Estatal (AEAT), como venimos haciendo hasta ahora. Entre otras cosas, porque así lo dice la ley”, subraya Bou.

Las pequeñas y medianas empresas son las más susceptibles de picar en el anzuelo. “La confusión existiría fundamentalmente entre las pymes, sobre todo de las comarcas y pueblos de todas las provincias catalanas. Hay pequeñas empresas que desarrollan su negocio en un entorno muy complejo, como puede ser Manlleu, que está adherido a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI)”, apunta. “Esta situación pondría a los empresarios en una tesitura muy difícil, ya que este tipo de compañías no tienen mucha información se pueden mostrar más temerosos y algunas de ellas ceder y abonar a la agencia tributaria catalana”.

Caos en la economía

“Nosotros queremos profundamente seguir siendo España. No nos interesa que la situación político-jurídica cambie porque repercutiría gravemente en la economía catalana”. En primer lugar, porque es ilegal. De hecho, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha advertido de que sancionará a aquellas personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la Agencia Tributaria Catalana.

Las consecuencias podrían ser penales: “la retención del IRPF no es un impuesto a la empresa. Nosotros retenemos al trabajador un dinero que no es nuestro y que debemos abonar al Estado. Si lo abonamos a la Agencia Tributaria Catalana, Hacienda no lo da por pagado. Esto es un delito penal por apropiación indebida. Nosotros estamos advirtiendo a las compañías de que no hagan incorrecciones porque las empresas nos jugamos mucho”, asegura.

¿Por qué no afectaría a las grandes empresas?

Mientras las pymes parecen ser las más vulnerables en este escenario, las grandes compañías podrían esquivar la Hacienda catalana porque “tienen un concepto diferente. Están más globalizadas, están más informadas y que estamos incrustadas en España y Europa. Saben que los beneficios del Banco Central Europeo (BCE) y de los diferentes tratados podrían perderlos: si Cataluña se va de España, se va de Europa y esto sería un verdadero desastre para la economía catalana”.

No solo en cuanto a deberes y tributos se refiere, sino también en relación a la fuga de empresas que ya se están mudando de la región, a la espantada de los inversores extranjeros o a la caída de las exportaciones y del consumo. “Está perjudicando a la deslocalización de empresas. Desde 2012 hasta 2017, ha habido un saldo negativo en Cataluña. Se han ido más empresas de las que han entrado y esto nunca había pasado porque cuenta con un tejido y una gran tradición empresarial”, mantiene Bou.

Desde la organización no creen que el proceso soberanista vaya a concluir con el divorcio definitivo entre España y Cataluña, pero lo que sí tienen claro es que de producirse “sería un auténtico drama porque significaría empezar de cero”.

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