La Autoridad Fiscal respalda la revalorización de las pensiones contributivas un 0,25% hasta 2022

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha respaldado la decisión del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social de aplicar una revalorización de las pensiones contributivas del 0,25% en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que hace unas semanas pasaron su último trámite parlamentario. El organismo defiende que se aplique este porcentaje de subidas durante los próximos cinco años, hasta el ejercicio 2022.

Esta institución que dirige José Luis Escrivá «valora muy positivamente la transparencia» del departamento ministerial que dirige Fátima Báñez a la hora de facilitar toda la información sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Y es que, por primera vez, y como lo estipula la normativa vigente, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge la información necesaria para el cálculo del IRP en el Informe Económico-Financiero de la Seguridad Social.

El Ministerio ha remitido a la AIReF «datos más detallados de estas series y un análisis de sensibilidad de las cotizaciones sociales al entorno macroeconómico» y, «aunque convendría detallar más su contenido, dada la evolución esperada de ingresos y gastos del sistema de pensiones en el medio plazo, el método aplicado se considera adecuado para estimar el IRP con topes aplicable en 2017”, indica el organismo.

Para 2017, la AIRef considera que «la previsión de ingresos se encuentra fuera de las bandas de confianza» de sus modelos, mientras que las estimaciones de gasto «son más realistas». No obstante, señala que “conforme avanza el periodo de proyección, aumenta la probabilidad de que se materialice el crecimiento de los ingresos previsto oficialmente”.

En términos de déficit de la Seguridad Social, la AIReF considera “muy improbable” la previsión del Ministerio para los dos próximos años. Según el último cuadro macroeconómico que ha servido de base para elaborar el techo de gasto de los PGE de 2018, la Seguridad Social registrará un agujero equivalente al 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB) el próximo año, lo que supone unos 12.100 millones de euros, a pesar que se crearán unos 550.000 empleos netos.

Comisión del Pacto de Toledo: una nueva reforma

Que exista déficit en la Seguridad Social cuando se está produciendo una recuperación récord en el mercado laboral hace necesario aprobar reformas del sistema para garantizar las pensiones a medio y largo plazo. Con este objetivo están trabajando los partidos políticos en el Congreso en la Comisión del Pacto de Toledo, aunque por el momento las distancias para llegar a un acuerdo son insalvables, especialmente ahora que el principal partido de la oposición ha virado a la izquierda con la llegada de su nuevo secretario general, Pedro Sánchez.

Precisamente el método de fijación de la revalorización de las pensiones es uno de los grandes obstáculos que separan a los distintos grupos parlamentarios. PSOE y Podemos exigen que la evolución de las pensiones contributivas se ligue a la inflación, obviando que y el coste de esta medida para las arcas públicas sería inasumible.

En concreto, ligar la evolución de la cuantía de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) obligaría al Ministerio de Hacienda a elevar en 26.000 millones de euros la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para poder financiar la medida. Según revela un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El informe, elaborado por Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez, considera que lo único factible sería “blindar” las pensiones mínimas, limitando la indexación al IPC sólo a esta partida para garantizar que los receptores de menos renta eviten la pérdida de poder adquisitivo con el sistema actual, que limita por ley la revalorización anual al citado 0,25%.

¿Financiar las pensiones con los PGE?

Otro de los caballos de batalla de las negociaciones para la reforma de la Seguridad Social es el modelo de financiación alternativa. En el Congreso se debatirá la conveniencia de destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para costear una parte de las necesidades del sistema, con el objeto de no agotar el Fondo de Reserva.

Otro de los debates gira en torno a la subida de las cotizaciones. En esta materia Fátima Báñez está dispuesta a subir un 3% las cotizaciones sociales de los salarios más altos siempre que esta medida se acompañe de un incremento de las pensiones máximas. La medida serviría para incrementar la recaudación de la Seguridad Social al mismo tiempo que se evitaría perjudicar a los empleados que más contribuyen al mantenimiento del sistema.

Otra de las iniciativas que defiende el departamento ministerial que dirige Fátima Báñez es financiar los 24.000 millones de euros anuales de las pensiones de viudedad y orfandad a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero sin crear un nuevo impuesto. Hace más de un año el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya apuntó la posibilidad de que estas pensiones podrían dejarse de pagar mediante cotizaciones sociales, como se hace ahora, perdiendo su carácter contributivo.

El Gobierno considera que modificar el sistema para que las pensiones de viudedad y orfandad ya no se sufraguen mediante las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores será algo que se realice de forma “progresiva”. En todo caso los pensionistas no tienen de qué preocuparse, ya que cobrarán igual, sea quien sea el organismo público que realice los pagos.

A este respecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social admitió a finales de 2015 que “lo razonable es que la política de empleo se financie con la imposición general y ahora que las cosas empiezan a ir mejor podemos liberar a la Seguridad Social de ese gasto para mantener unas pensiones estables, seguras y dignas”.