El Gobierno no aprobará la reforma de las pensiones hasta que el PSOE elija secretario general

El Gobierno no podrá presentar un documento de reforma del sistema de pensiones hasta que se despeje la incertidumbre política en el seno del PSOE. La intención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social era poder alumbrar un texto de consenso en el marco del Pacto de Toledo antes del verano, pero la cruda batalla por la secretaría general de los socialistas ha provocado que cumplir esta previsión sea imposible.

Así lo han confirmado fuentes del Palacio de la Moncloa a OKDIARIO el día en el que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo inicia en el Congreso los trabajos para configurar una reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social para lograr evitar el crónico déficit estructural que tiene el sistema y que, al cierre del pasado año, alcanzó los 18.000 millones de euros: la mayor cifra de la historia.

Aunque los distintos grupos parlamentarios están manifestando su intención de pactar un documento que siente las bases de la futura reforma a finales del mes de junio, en el Gobierno se descarta este escenario.

Las distintas posturas ideológicas que representan las dos candidaturas favoritas para liderar el PSOE (la de Pedro Sánchez y la de Susana Díaz) suponen un obstáculo para que la modificación de la financiación del sistema de protección social pueda ver la luz antes de las elecciones a la secretaria general del partido, que se producirán en el Congreso del 18 de junio.

Además de la cuestión del liderazgo del PSOE, el Gobierno tiene otro gran obstáculo para poder sacar la reforma adelante: la negativa de PSOE y Podemos a aceptar que la revalorización de las pensiones no puede ligarse a la evolución de la inflación, ya que el coste para las arcas públicas sería inasumible.

En concreto, ligar la evolución de la cuantía de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) obligaría al Ministerio de Hacienda a elevar en 26.000 millones de euros la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para poder financiar la medida. Según revela un estudio elaborado por la prestigiosa Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El informe, elaborado por Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez, considera que lo único factible sería “blindar” las pensiones mínimas, limitando la indexación al IPC sólo a esta partida para garantizar que los receptores de menos renta eviten la pérdida de poder adquisitivo con el sistema actual, que limita por ley la revalorización anual al 0,25%.

Otro de los caballos de batalla de las negociaciones para la reforma de la Seguridad Social es el modelo de financiación alternativa. En el Congreso se debatirá la conveniencia de destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para costear una parte de las necesidades del sistema, con el objeto de no agotar el Fondo de Reserva (que se conoce comúnmente como la hucha de las pensiones), en el que quedan 15.195 millones de euros y que se agotaría con el abono a los pensionistas de la paga extraordinaria de verano y de navidad.

De hecho, el proyecto de Ley de PGE para 2017 establece que el Tesoro español emitirá deuda pública por un importe de 10.192 millones de euros este año para ayudar a la Seguridad Social a hacer frente al pago de las pensiones sin tener que acudir al Fondo de Reserva. Este dinero se entregará como un “crédito extraordinario” que tendrá un plazo de devolución de 10 años a un interés del 0% y que, en teoría, deberá ser retornado a partir del próximo ejercicio.

Con esta herramienta es el Estado el que cubre vía presupuestaria una parte de los gastos de la Seguridad Social, organismo que hasta ahora se ha financiado mediante las cotizaciones que pagan los ciudadanos y las empresas. De esta forma, el Gobierno garantiza el pago de las pensiones aunque los ingresos de la Seguridad Social sean inferiores a los gastos, como sucede en la actualidad.

Otro de los debates gira en torno a la subida de las cotizaciones. En esta materia la ministra de Empleo y Asuntos Sociales , Fátima Báñez, está dispuesta a subir un 3% las cotizaciones sociales de los salarios más altos siempre que esta medida se acompañe de un incremento de las pensiones máximas. La medida serviría para incrementar la recaudación de la Seguridad Social al mismo tiempo que se evitaría perjudicar a los empleados que más contribuyen al mantenimiento del sistema.

Otra de las iniciativas que defiende el departamento ministerial que dirige Fátima Báñez es financiar los 24.000 millones de euros anuales de las pensiones de viudedad y orfandad a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero sin crear un nuevo impuesto. Hace más de un año el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya apuntó la posibilidad de que estas pensiones podrían dejarse de pagar mediante cotizaciones sociales, como se hace ahora, perdiendo su carácter contributivo.

Sn embargo, en la actualidad es inviable realizar esta reforma de una sola tacada, porque financiar con cargo a los PGE estas pensiones generaría un impacto inasumible para las cuentas públicas. Por ello el Gobierno considera que modificar el sistema para que las pensiones de viudedad y orfandad ya no se sufraguen mediante las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores será algo que se realice de forma “progresiva”.  En todo caso los pensionistas no tienen de qué preocuparse, ya que cobrarán igual, sea quien sea el organismo público que realice los pagos.

A este respecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social admitió a finales del pasado año que “lo razonable es que la política de empleo se financie con la imposición general y ahora que las cosas empiezan a ir mejor podemos liberar a la Seguridad Social de ese gasto para mantener unas pensiones estables, seguras y dignas”.

A pesar de estas discrepancias, las fuentes consultadas indican que antes del verano podría elaborarse un documento “de mínimos” que sea firmado por los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo, que no contemple las grandes cuestiones de la reforma, dejando para más tarde la discusión de estos puntos calientes con la nueva ejecutiva del PSOE tras el Congreso de junio. “También podría suceder que no haya ningún tipo de acuerdo, lo cual puede ser utilizado de forma política para atacar al Gobierno”, señalan.