Colau manipula los precios de los entierros para justificar la apertura de una funeraria municipal

Ada Colau justifica la creación de su funeraria pública basándose en un estudio de precios elaborado por el Global Economic Group a partir del análisis de 40 facturas. Éste concluye que un funeral en la ciudad condal cuesta 7.149 euros (IVA Incluido) y que con la remunicipalización se rebajarán los precios hasta un 30%.

Las empresas privadas Mémora y Altima, por su parte, han contraatacado con un estudio elaborado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que pone en entredicho esta cifra y señala que cuesta 4.445 euros. Además, Mémora alega que la nueva iniciativa pública tendrá unas pérdidas de 315.000 euros anuales, un agujero que tendrá que ser tapado por los accionistas, es decir, el propio consistorio.

Baile de cifras en torno a los precios de los funerales en Barcelona. En noviembre Gerard Pisarello, teniente de alcalde, afirmaba que el precio medio de un entierro cuesta 6.500 euros, según datos de la OCU en 2013 a partir de una encuesta telefónica. Según la asociación de consumidores morirse en la ciudad de Gaudí era más caro que hacerlo en cualquier otro punto de España.

Tras esta exposición por parte de Barcelona en Comú, los operadores privados que manejan el 87% del sector funerario de Barcelona, Altima y Mémora, decidieron poner toda la artillería en marcha para demostrar que la nueva empresa de Colau estaría abocada al fracaso.

Encargaron un informe a la Universidad Pompeu Fabra (UPF), coordinado por el catedrático Oriol Amat, que ha concluido que el gasto medio (con IVA) de las familias de Barcelona se eleva a 4.445 euros. Un estudio que está basado en el análisis de más de 40.000 facturas (16.000 facturas anuales desde 2010) procedentes de los datos auditados de las dos principales operadoras.

Actualmente, Servicios Funerarios de Barcelona (SFB) es una empresa público-privada. El 85% está en manos de Mémora y el 15% restante lo tiene el Ayuntamiento. La empresa, recordemos, se privatizó en tiempos de alcaldía del socialista Jordi Hereu.

Como accionista, el Consistorio de Colau forma parte del Consejo de Administración de SFB. Desde Mémora alegan que “su voz es determinante en el proceso de toma de decisiones de la empresa, entre otras cuestiones, participa activamente en la fijación anual de precios”.

Pero, como no hay dos sin tres, la activista encargó un tercer estudio a Global Económic Group para dar una nueva cifra a los gastos funerarios de Barcelona. Este documento llegó a la conclusión de que morirse en la ciudad catalana era carísimo: 7.149 euros (IVA Incluido). Sin embargo, fuentes del sector aseguran que, este informe “no es representativo porque el análisis se ha basado en 44 facturas” frente a las 40.000 de las firmas privadas.

La nueva funeraria pondrá a disposición de los barceloneses servicios funerarios (ceremonia + velatorio) a un precio que irá desde los 2.400 euros a los 4.700 euros. Eloi Badía, hombre fuerte de Colau, cree que crear precios de referencia “surtirá efecto y el resto se tendrá que replantear sus tarifas”.

Esquivar la competencia desleal

Al crear un operador municipal de servicios funerarios y entrar en un sector liberalizado, el Ayuntamiento se adentra en un terreno pantanoso en cuanto a las reglas de competencia desleal. Podría incurrir en un delito de esta naturaleza porque podría usaría fondos públicos para competir con empresas privadas que generar sus propios beneficios.

Mémora, entre sus alegaciones, recuerda que, según la legislación, “las empresas públicas que concurran en un mercado deben someterse a las mismas reglas y condiciones que las privadas. Además, de no percibir ningún tipo de ayuda o ventaja económica gratuita”.

Javier Mulleras, portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento, explica a OKDIARIO que “en la práctica sí es competencia desleal” porque hará la funeraria pública a través de Cementerios de Barcelona (Empresa 100% pública que tiene el monopolio de inhumación y exhumación).

Para esquivar las reglas del juego de Competencia, Badía ha anunciado que ese 15% saldrá a subasta, previsiblemente es mes de abril. Si la subasta quedara desierta, que es lo que seguramente ocurra, según fuentes del sector, ese porcentaje del capital se lo tendría que quedar Mémora porque así está estipulado por contrato. El paquete de acciones está valorado en 29 millones de euros, una cifra que se estipuló sin contar con la variable de una funeraria municipal.

Según Mulleras, esta remunicipalización no va a bajar los precios de los servicios funerarios, alega que los servicios de cementerios (en manos públicas) “no han bajado los precios en 30 años, esto lo hacen solamente por ideología porque lo quieren todo público”.

Afirma que lo único que bajaría los precios es “la entrada de más operadores en el sector”. Además, según ha podido saber OKDIARIO, el Ayuntamiento de Colau, sabiendo que puede estar saltándose las normas, ha pedido una nota de valoración a los responsables de Competencia de Cataluña.

315.000 euros de pérdidas anuales

El nuevo tanatorio municipal, que estará operativo en 2019, se ubicará frente al cementerio de Montjuïc y tendrá seis salas de vela. Cuatro serán del Ayuntamiento y dos se abrirán a nuevos operadores. En paralelo a la creación de esta ‘nueva’ firma, el Gobierno de Colau modificará la Ordenanza de Servicios Funerarios para mitigar las barreras de entrada a otras empresas. Por ejemplo, uno de los requisitos era que la existencia obligatoria de tener crematorio.

Desde Mémora, alegan que Colau ha puesto en marcha un proyecto que se basa en una ocupación de las salas de vela de entre el 75% y el 100%. “Cuando la ocupación actual es del 55% y no contempla partidas en materia de formación del personal y otros costes como la contabilidad o marketing”.

Es más, un cálculo de resultados económicos basado en el conocimiento del sector la funeraria pública tendrá “315.000 euros de pérdidas”. Un agujero financiero, señalan, que “debería ser sufragados por los fondos propios de los accionistas (Ayuntamiento de Barcelona) o mediante subvenciones cruzadas (ingresos derivados de la actividad de cementerios)”.