Economía

ANTE LA PASIVIDAD DEL ORGANISMO SUPERVISOR: EL CMT

Bares y cafeterías denuncian a Anticorrupción los pagos de las tabaqueras a la patronal de estancos

Estancos
Un estanco.
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La Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR), que representa los intereses de los propietarios de máquinas expendedoras de tabaco (entre ellos bares, cafeterías, hoteles, gasolineras y otros establecimientos) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a la Unión Asociaciones de Estanqueros de España de “financiarse de forma encubierta” a través de una revista sectorial a la que pagan las compañías tabaqueras por inserciones publicitarias “por encima del precio de mercado”.

La AEPVR ya había denunciado los hechos ante el Comisionado del Mercado del Tabaco (CMT), que es el organismo supervisor de este sector que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el CMT mandó un escrito de respuesta a esta asociación en la que desestimaba iniciar las correspondientes investigaciones para conocer si las acusaciones son ciertas. Ante la pasividad del Comisionado la AEPVR se ha visto obligada a llevar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

En la denuncia presentada ante Anticorrupción el pasado viernes, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, la AEPVR afirma que la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España tiene el 100% de la sociedad mercantil “Gestora Servicios para Estancos SL”.

Según señala la AEPVR, esta sociedad tiene el mismo presidente que la patronal de estanqueros, Mario Andrés Espejo Aguilar, cuya “principal fuente de ingresos es la revista que edita Mundo Estanco”, una publicación sectorial en la que se anuncian los fabricantes de tabaco “pagando un precio hasta 8 veces superior” al que abonan las empresas en revistas similares para publicar anuncios y promociones.

Mundo Estanco
Página web de la revista Mundo Estanco. (Pinchar en la imagen para ampliar)

La asociación cita expresamente a Philip Morris y a la mayorista Logista como principales “financiadores encubiertos” de la Unión de Asociaciones Profesionales de Estanqueros y considera que estos hechos vulneran varios artículos de la Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado del Tabaco, tanto en lo relativo a la exigencia de neutralidad como en la prohibición expresa de que “los fabricantes, importadores y mayoristas financien, directa o indirectamente, a las organizaciones representativas de los expendedores de tabaco y de los autorizados para la venta con recargo”.

Dejación de funciones del organismo supervisor: el CMT

La Junta Directiva de la AEPVR no entiende las razones por las que el CMT haya hecho caso omiso de la denuncia presentada anteriormente ante el organismo supervisor, ya que la citada Ley 93/1998 indica que el Comisionado “ejercerá las funciones de carácter regulador y de vigilancia para salvaguardar la aplicación de los criterios de neutralidad y libre competencia efectiva en el mercado de tabacos en todo el territorio nacional”.

Y por si no estuviera del todo claro, en el artículo 4 la norma indica que el CMT deberá “recibir las denuncias por presunta violación de los principios y reglas de libre competencia en el mercado de tabacos y remitirlas a los órganos competentes para su tramitación y resolución”, algo que el organismo que preside Juan Luis Nieto se ha negado a hacer en este caso, como prueba el escrito de respuesta enviado a la AEPVR que también obra en poder de OKDIARIO.

El inspector jefe del CMT es el “Estanquero del Año”

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, la AEPVR da una pista que explica la dejación de funciones que puede haber cometido el Comisionado. En concreto, indica que el inspector jefe de este organismo público, Manuel Cuevas, ha sido nombrado “Estanquero del Año” por “una asociación provincial adscrita a la Unión de Estanqueros Españoles”. La concesión de este galardón hace pensar a la AEPVR que “puede existir prevaricación” por parte del CMT al negar investigar la financiación ilegal encubierta que presuntamente estaría cometiendo la patronal de estanqueros.

Y es que llueve sobre mojado, ya que tanto Manuel Cuevas (inspector jefe del CMT) como José Luis Nieto (presidente del CMT) se encuentran imputados junto a Philip Morris en el procedimiento de diligencias previas seguidas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, por supuestos delitos de prevaricación, estafa y falsedad documental “al haber presuntamente preconstituido pruebas para imponer sanciones de más de 120.000 euros a estanqueros por recibir retribuciones de los marquistas”.

Estanco
Un cliente de un estanco compra una cajetilla de tabaco. (Foto: EFE)

El Ministerio de Hacienda está siguiendo este caso de cerca y vigila desde hace meses la labor del presidente del CMT bloqueando y paralizando todos los procesos sancionadores después de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid comenzara su trabajo, al considerar que algunas de las multas impuestas podrían ser ilegales como consecuencia de la presunta prevaricación del organismo supervisor.

Sanciones desproporcionadas

Todo esto se produce, después de que a finales de pasado año los estanqueros no asociados a la patronal denunciaran una campaña de acoso por parte del CMT en colaboración con determinados agentes de la Guardia Civil. Según los profesionales contactados por este diario el organismo encargado de controlar el monopolio estatal ha utilizado la normativa para imponer sanciones desproporcionadas que, en algunos casos, afectan a la viabilidad de las familias que viven de los estancos.

La función principal del CMT es vigilar y sancionar a los estancos y está llevando al límite la aplicación de una normativa que le permite establecer enormes multas a los establecimientos. El organismo tiene tres fuentes de ingresos: el canon concesional, la tasa por prestación de servicios y las multas por infracciones. Las cuentas relativas al 2014 revelan unos ingresos de 29,7 millones de euros. El organismo tiene una plantilla de 56 personas y unos gastos en salarios de 2,08 millones, lo que supone un sueldo medio superior a los 37.000 euros por persona.

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