El Gobierno de Colombia hace una purga de directivos en la filial de Gas Natural en el país

El Gobierno de Colombia ha hecho una purga entre los altos directivos de Electricaribe, filial de Gas Natural en el país, “que no son de su cuerda”, según aseguran a OKDIARIO fuentes del sector de la energía en el país latinoamericano. El ejecutivo de Juan Manuel Santos ha despedido a alrededor de 30 altos cargos de la compañía, uno lo han perpetrado antes de Navidad y otro a principios de 2017.

El pistoletazo de salida para sopesar esta “limpieza” en Electricaribe comenzó el pasado mes de noviembre. Fecha en la que el Gobierno de Santos intervenía la filial de la española, después de que las negociaciones entre el Ejecutivo y la energética para encontrar una solución a la crisis abierta no llegaran a buen puerto. “Han entrado en la compañía para darse cuenta de que el fraude y la mora existen, pero claro, quieren tener a gente de su cuerda, como es lo normal”, comentan a este periódico fuentes del sector en Colombia.

Desde aquella sonada intervención ha prescindido de varios empleados de responsabilidad. “La purga que han hecho, no solamente entre los directivos españoles, también ha habido despidos de directivos colombianos que no comulgan con ellos”, apuntan las mismas fuentes. Entre los nombres que figuran está el de los españoles Joan Bosch, de Recaudos, Juan Luis Gallegos, de Control de Energía, y de Fernando López, Por otro lado, han sido despedidos Andrés García, de Relaciones Laborales, y César Gustavo Solano, de Recursos Humanos, según ha publicado Economía Digital. Todos los empleados despedidos son considerados por Colombia “gente de gas Natural”.

El grupo energético español mantenía un contencioso con el Ejecutivo de Santos por la gestión de Electricaribe, compañía de distribución de electricidad de la región del Caribe que está sufriendo una oleada de fraude e impagos. El Parlamento de Colombia ya había amenazado antes con expropiar a la compañía por no ejecutar las inversiones previstas a pesar de que es el sector público del país el principal moroso, al no abonar sus facturas.

La legislación no permite a Electricaribe cortar el suministro a las administraciones públicas, a pesar de que no se están abonando las facturas de los servicios públicos, como las del alumbrado de las calles, los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, las comisarías de policía y las infraestructuras. Si el Ejecutivo abonara el importe que tiene pendiente, la empresa podría eliminar la deuda que le atenaza e, incluso, lograr músculo financiero para realizar nuevas inversiones.

A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien la multinacional precisó que tenía provisionado el 83 % de este importe.