La cuenta atrás de cinco días en Monte dei Paschi para esquivar el rescate público

Monte dei Paschi di Siena ha comenzado la conversión de deuda subordinada en acciones en el marco de la ampliación de capital de 5.000 millones de euros en la que está inmerso. Las operaciones se podrán llevar a cabo desde hoy hasta el 21 de diciembre.

A finales de noviembre Consob, el regulador del mercado del país transalpino, dio luz verde para ejecutar la conversión de deuda en acciones por valor de 400 millones de euros y fortalecer el capital del banco. Monte dei Paschi considera que este canje de bonos es clave. El objetivo es captar fondos por 5.000 millones de euros y tener que poner el cartel de “game over” al lado de la placa que indica que funciona desde el S.XV.

Borja Matilla, analista de Hanseatic Brokerhouse, explica a OKDIARIO que esta operación conlleva “un riesgo elevado para el sector de los inversores minoristas, motivo por el cual no acudirían a la oferta viendo sobre todo la situación actual de la compañía y de su frágil estabilidad”. Por su parte, Felipe López-Gálvez desde Self Bank, recuerda que la deuda de los bancos italianos no se encuentra en manos de grandes fondos internacionales, sino principalmente en manos de minoritarios, “por lo que llevar a cabo una quita en los bonos es una medida muy arriesgada. Es un caso similar a la venta masiva de preferentes que se produjo en España”.

Este nuevo movimiento de la entidad centenaria es el último intento para esquivar la quiebra y el rescate con dinero público. No quiere ni oír hablar del sonido de violines anunciando el final de un banco que tiene su origen en el S.XV. Envalentonado se va a poner frente a los mercados, aunque el Gobierno italiano, según algunos medios italianos, estaría preparado para una inyección de capital público si fuera necesario.

Los detalles de la oferta contemplan que el 35% de esta ampliación vaya destinado al público en general, del que un 30% estará reservado en prioridad a los accionistas, mientras que el 65% restante irá dirigido a la colocación institucional. El precio máximo fijado en la operación es de 24,9 euros por acción y el mínimo técnico se sitúa en 1 euro.

Su objetivo es evitar a toda cosa las ayudas públicas, ya que una intervención del estado podría acarrear pérdidas para los bonistas, tal y como contempla la normativa europea en vigor desde enero de 2016 que sostiene que, antes de recurrir al dinero de los contribuyentes, sean los acreedores y accionistas los que soporten las pérdidas en caso de quiebra de una entidad.