DESOKUPA

La empresa que desaloja ‘okupas’ de inmuebles en Cataluña extiende su negocio a toda España

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Los Mossos inician el butrón en la pared del 'banc expropiat' para desalojar a los okupas. (EFE)

Desokupa es una empresa española con sede en Barcelona que nació hace un año y medio para combatir, por medios pacíficos, el auge de la ocupación ilegal de inmuebles. Unas 75 familias de la Ciudad Condal y alrededores han podido recuperar sus inmuebles gracias a ellos y ahora su fundador, Daniel Esteve, comparte con OKDIARIO sus planes de expansión tanto en Madrid como en el resto de España.

Parafraseando un anuncio de la tele, el Okupar se va a acabar. La proliferación de este movimiento, auspiciado por las regidoras de Barcelona y Madrid entre otras, ha posibilitado el despegue de la empresa Desokupa, la única en España que se centra en la expulsión de los inquilinos usurpadores con una tasa de éxito del 97%, un precio que arranca en los 3.000 euros y que en muchos casos en tres horas puede estar la vivienda, local o edificio libre de Okupas.

De 82 encargos recibidos en Barcelona y alrededores, 75 se han resuelto ya y el gran reto es expandirse por toda España. “En Madrid hemos conseguido 5 éxitos de cinco encargos, comenta a OKDIARIO el fundador de la empresa y estamos a la espera de recibir un importante edificio entero de la capital. Pero vamos a hacer muchas más cosas pues en la Villa y Corte hay unos 30.000 viviendas ocupadas ilegalmente”. Asunto que no sólo no preocupa a la señora Carmena sino que más bien lo incentiva.

Guadalajara y Seseña son los retos siguientes en los que existen grandes bolsas de ocupación pero la intención de la empresa es llegar a todos los rincones de España en los que esta forma de actuar cada vez se está haciendo más común y que ataca la espina dorsal de la sociedad actual; el derecho a la propiedad privada.

“La actitud chulesca de los okupas, que saben muy bien que las autoridades están muy limitadas en su actuación unida al apoyo que reciben desde muchos ayuntamientos, dificulta mucho la recuperación del inmueble por parte de los propietarios. Tanto que en muchos casos deben esperar hasta 2 años para lograrlo”, aclara Esteve.

Eso por no hablar de que muchos de estos movimientos tienen detrás relaciones con mafias, drogas, grupos étnicos o bandas de menores que hacen muy complejo que el dueño legítimo de la casa pueda expulsar a aquellos que la ocuparon ilegalmente.

Pero ¿cómo funciona esta empresa? Desokupa sólo contrata con propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente. Para ello, los clientes deben exhibir los títulos que acreditan dicha condición y demostrar que el inmueble fue ocupado de forma ilegal. No se trabaja, pues, con desahucios por falta de pago o por precario o con lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, porque en esos casos se entiende que el ocupante ostenta legítimamente la posesión del inmueble. Tampoco se interviene cuando hay menores.

Todos los miembros de la empresa que acuden a los inmuebles ocupados tienen la licencia de controladores de acceso o de auxiliares en vigor. A los que la ley les atribuye funciones como el control de entrada y salida del edificio y el cumplimiento de las normas establecidas en el inmueble. Para que nos entiendan, el título que se les pide a los porteros de discoteca.

Los empleados de Desokupa, 8 fijos y 50 temporales, son todos practicantes de deportes de autodefensa como boxeo, artes marciales, cuyo físico impone, el comportamiento de muchos okupas suele ser violento, aunque si la cosa va a mayores son ellos mismos los que llaman a la policía.

Los empleados de esta compañía sólo les recuerdan de manera insistente a los señores okupas que no deben estar ahí, les dificultan la entrada en la finca, charlan de manera distendida sobre el incumplimiento que hacen de las normas establecidas en el edificio y quizá lo más importante, hacen hincapié en que la propiedad no es suya hasta persuadir su salida.

Ha habido denuncias de los okupas a los trabajadores de esta empresa por violencia pero todas han sido desestimadas por falta de pruebas, lo que les permite seguir actuando dentro del marco de la ley.

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