El juez De la Mata satisfecho con la colaboración prestada hoy por el Santander en el ‘caso HSBC’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este viernes a la sede del Banco Santander en Madrid para realizar un requerimiento de información en el marco de la investigación que está realizando la Audiencia Nacional sobre el presunto blanqueo de capitales del HSBC.

El caso, que está en manos del juez José de la Mata, se inició por la denominada “lista Falciani”, en la que aparecen 659 titulares en España de cuentas opacas en la sede suiza del HSBC. De la Mata ha quedado totalmente satisfecho con la colaboración prestada por el Santander en la investigación.

Los agentes buscaron «movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades, que el banco está atendiendo suministrando todos los datos disponibles», según ha confirmado el Banco Santander, que garantiza su disposición «a prestar en todo momento toda la colaboración requerida por las autoridades».

Según han confirmado fuentes de la Benemérita a OKDIARIO, los agentes acudieron a la Ciudad Financiera del Santander, ubicada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, para conseguir documentación que pueda arrojar información que ayude a esclarecer si HSBC ayudó a sus clientes a blanquear capitales. En concreto, la Guardia Civil ha solicitado los movimientos de varias cuentas bancarias de algunos de los investigados en el marco del citado caso. El registro se ha realizado tras un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción dirigida por el citado juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En la documentación facilitada por Falciani,que dio origen al «Caso HSBC», este ex empleado del banco británico que trabajaba en Ginebra indicaba que la familia Botín había utilizado un entramado de sociedades con sede en Panamá y las Islas Vírgenes, aunque ni el Ministerio de Hacienda, ni el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu determinaron la existencia de delito alguno, tras el pago de 211 millones de euros realizado por la familia para regularizar su situación fiscal.

Sin embargo, existen dudas sobre la legalidad de la actuación de la Agencia Tributaria en 2010, ya que dos ex altos cargos del organismo están imputados en el juzgado número 37 de Madrid acusados de prevaricación. Una querella del sindicato Gestha contra la ex directora de Gestión Tributaria, María Dolores Bustamante, y el ex director de Inspección, Carlos Cervantes, puso sobre la pista a la Audiencia de Madrid, que investiga la supuesta amnistía encubierta aplicada para exonerar tanto a los Botín como al resto de integrantes de la «lista Falciani».

Según ha explicado a OKDIARIO el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «existió una decisión política de no abrir inspecciones, al ser avisados por la Agencia Tributaria para que regularizaran su situación, evitando así penas de hasta cinco años de prisión». Una vez que los supuestos evasores regularizaron su situación a través de declaraciones complementarias la Agencia Tributaria no inició las correspondientes inspecciones.

«Toda la actuación fue orquestada por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y por el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ningún funcionario decide por su cuenta y riesgo librar a más de 600 evasores de cumplir con el Fisco», señala un técnico de Hacienda que prefiere mantener el anonimato.

El juez De la Mata investiga ahora bajo secreto de sumario si HSBC ha ejercido de forma ilegal una actividad regulada en España y si sus gestores han abierto cuentas a clientes españoles en el país, cuando esta entidad financiera no ofrece ningún servicio de banca personal en la península Ibérica. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la intervención en la sede del Banco Santander se ha producido tras la negativa de la entidad financiera a facilitar información solicitada por el magistrado.