En España las grandes empresas tardan en pagar a las pymes más del doble de lo que marca la Ley

Los retrasos en los pagos generan importantes problemas a las empresas españolas. Retrasos, que hacen de España no solo uno de los países europeos que más alargan los plazos de pago, sino un país cuyas empresas aseguran haber cobrado más tarde, una vez cumplida la fecha de vencimiento de la deuda.

De hecho, un tercio (33%) de las pymes señalan que podrían contratar a más empleados si cobrasen antes, según la reciente encuesta incluida en el Informe Europeo de Pagos que realiza cada año Intrum Justitia. Estudio en el que se ha encuestado a 9.440 compañías en Europa, sobre sus plazos de pago y su situación económica.

Juan Carlos González, Director General de Intrum Justitia Ibérica, ha explicado a OKDIARIO que mientras que “la Ley marca que se ha de pagar a 30 días como mucho, las pymes encuestadas dicen que de promedio pagan a 65 días, y que luego encima se retrasan y llegan a pagar a 98 días”.

Intrum Justitia: “la Ley marca que se ha de pagar a 30 días como mucho, las PYMEs encuestadas dicen que de promedio pagan a 65 días, y que luego encima se retrasan y llegan a pagar a 98 días”.

La encuesta de Intrum Justitia revela que más de un millón de empresas en España contratarían más si los periodos de cobro fueran más cortos. “Estos retrasos en los pagos lo que hacen es que las compañías necesiten recurrir a otros medios auxiliares muchas veces para financiarse, y ese coste extra les impide, como dicen muchas de las empresas encuestadas, contratar a personas”, explica González.

Juan Carlos González, señala además que “el hecho de que las grandes corporaciones estén obligando de manera deliverada a las pequeñas y medianas empresas a financiar su flujo de efectivo está lastrando las cuentas de las pymes. Hasta dos de cada tres (66%) PYMEs dicen que los retrasos en el cobro limitan su crecimiento. Que las grandes corporaciones usen a proveedores subcontratados mucho más pequeños que ellas para financiar sus propios procesos de gestión de efectivo no es solo un error, sino que genera desequilibrios en la sociedad”.

El informe de Intrum Justitia revela también que el 65% de las pequeñas y medianas empresas españolas ha aceptado plazos de pago más largos de los que desearían y un 21% aseguran que la demanda de alargar los plazos provino de una gran multinacional. Casi dos tercios (65%) indican que “los retrasos intencionados en el pago” están entre las principales causas que provocan retrasos en el cobro, lo que sugiere que el problema podría solucionarse en gran parte con nuevas actitudes y directrices.

“Ejercer presión sobre empresas más pequeñas con el objetivo de que acepten plazos de pago más largos, provocando inseguridad y menos oportunidades de empleo no beneficia a largo plazo a ningún líder empresarial”, continúa Juan Carlos González. “Por el contrario, existe un vínculo entre la responsabilidad corporativa de mantener plazos cortos de pago y la reducción del riesgo a largo plazo. Estoy convencido de que las cuestiones relacionadas con condiciones razonables de pago han de tener más peso en la agenda de gestión y ser parte importante de los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas modernas”.

Los retrasos en los pagos y/o plazos de pago muy largos dañan a las empresas de cualquier tamaño, pero las pequeñas y medianas empresas están menos protegidas. De hecho, el 34% de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuentan en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito, comprobaciones de crédito, prepagos, servicios de cobro de deudas o protección contra impagos. Además, desciende respecto al año pasado el porcentaje de empresas que toman al menos una de las precauciones anteriormente citadas.