La hoja de ruta para cumplir con Bruselas sin nuevos ajustes

La Comisión Europea ha vaticinado que el déficit público de España se desviará en dos décimas en 2016 y seis décimas en 2017. Enseguida, la interpretación ha sido que el Gobierno tendrá que hacer un ajuste de 8.000 millones de euros a razón de 1.000 millones por cada décima. ¿Pero de verdad significa esto que hay que hacer nuevos recortes similares a los de 2012?

Pues en principio no, siempre que prosiga el crecimiento económico y haya un cierto rigor con el gasto. Para empezar, el crecimiento previsto del 2,7% se está quedando corto. En el primer trimestre ya se ha dado un aumento del PIB del 0,8%. Y todo apunta a que el segundo trimestre sea prácticamente tan bueno como el primero. Si además contamos con que el tercer trimestre tendrá el impulso del turismo, entonces se antoja harto difícil que este año el crecimiento sea inferior al 3%. El incremento del cuarto trimestre tendría que ser casi cero para que el crecimiento se situase por debajo del 3%.

Y eso implica que los ingresos generados serán todavía mayores, incluso si durante el primer trimestre se ven lastrados por el efecto de la rebaja de impuestos. La mejora de la recaudación se notará a lo largo del año, sobre todo conforme haya más empleo y las empresas vayan dejando de deducirse bases negativas acumuladas durante la crisis.

Aunque todavía muy levemente, los ingresos por cotizaciones del régimen general ya apuntan un incremento superior al del gasto en prestaciones. Si se acabasen las tarifas planas, el año que viene los ingresos del conjunto de la Seguridad Social podrían ser ligeramente superiores a los desembolsos. Lo cual no significa que se cierre la brecha existente. Pero sí que al menos se detendrían los incrementos constantes del déficit que ha sufrido el sistema de pensiones desde el inicio de la crisis. La idea del Gobierno es que ese agujero se vaya reduciendo poco a poco al sacar las prestaciones de viudedad y orfandad del sistema para sufragarlas con la recaudación fiscal. O lo que es lo mismo, que buena parte de la mejora de los ingresos de los próximos años tendrá que destinarse a ir financiando las pensiones, lo que en verdad da poco margen para las rebajas de impuestos a corto y medio plazo.

Pero no acaban ahí los vientos de cola que ayudan a reducir el déficit sin hacer grandes esfuerzos. El incremento del PIB también sube el denominador y, por tanto, disminuye el esfuerzo que hay que realizar. Además, los gastos como los desembolsos por desempleo podrían disminuir un poquito más, si bien esto último se antoja discutible con una tasa de paro todavía tan elevada.

Según sea el economista consultado, la mejora del ciclo económico puede deparar entre 6 y 9 décimas de rebaja del déficit. La Autoridad Fiscal lo cifra entre 6 y 7 décimas. De hecho, en 2015 se rebajó el déficit en siete décimas, unos 7.000 millones, sin practicar un solo ajuste. Es más, incluso se bajaron impuestos por valor de casi 7.000 millones y se aumentó el gasto en más de 5.000 millones. O sea, en 2015 no hubo nada de recortes o ajustes.

El Gobierno considera que en 2017 se podrá conseguir un déficit del 2,9% del PIB tan sólo por la fuerza del ciclo. Sin embargo, Bruselas exige más y fija como meta un 2,5% para que haya un esfuerzo estructural. Pero este objetivo establecido por Bruselas en realidad tiene una seria pega: el Gobierno podría decidir que no recorta hasta el 2,5% siempre que alcance el 2,9%. Una vez que baje el desfase del 3%, España saldría del Procedimiento de Déficit Excesivo y la Comisión no tendría los mecanismos con lo que imponer más ajustes o sanciones. España habría salido del brazo correctivo para pasar al preventivo, y el Ejecutivo de Madrid podría ahorrarse el recorte de 4.000 millones de euros.

En ese caso, la Comisión podría argumentar que no se está reduciendo el déficit estructural. Sin embargo, ese déficit se antoja muy difícil de medir y España podría refutarlo fácilmente. Bastaría con esgrimir que ya aplicó un fuerte ajuste estructural entre 2012 y 2013, o que ahora la economía está creciendo muy por encima del potencial que le asigna la Comisión. Así que el Ejecutivo comunitario tan sólo podría exigir que se reduzca la deuda pública como hace con Italia, pero el procedimiento para imponerlo no es ni mucho menos tan severo. De hecho, a juicio de algunas fuentes, el comisario Pierre Moscovici quería conceder al Gobierno español dos años más para cumplir con el déficit a fin de tener más controlada a España.

Los obstáculos a este razonamiento más bien se encuentran en 2016, justo en medio de otra convocatoria electoral. El Gobierno ya ha anunciado un acuerdo de no disponibilidad para que los Ministerios dejen de gastar unos 2.000 millones. En principio, el Ejecutivo no tendría por qué anunciar más esfuerzos. Y no debería tener problemas para poner los acuerdos de no disponibilidad en marcha, concentrando el grueso del ajuste de nuevo en la inversión.

Sin embargo, el problema reside en las Comunidades Autónomas. Por mucho que éstas reciban 7.000 millones más en recursos, todavía tienen que demostrar un compromiso con la reducción del déficit. Cosa que en algunos casos ha sido más bien escaso. Este año tendrían que acometer un ajuste de unos 800 millones de euros. Pero en cualquier caso, para unas cuantas será muy complicado cumplir con la meta del 0,7% de déficit fijado para las CCAA. Y ello implica que el resto tendría que compensar y cumplir con holgura. Algo a lo que no parecen dispuestas. De la capacidad de Montoro para meterlas en cintura durante este año dependerá que sea realidad la hoja de ruta de cumplir con Bruselas sin nuevos ajustes añadidos. Eso sí, siempre que la recuperación económica no se eche al traste.

Aunque la época de los grandes recortes ha pasado, eso no significa que se pueda volver a 2007. La elevada competitividad global y la presión de la demografía sobre la sanidad y las pensiones seguirán constriñendo la capacidad de gasto. Por el momento, sólo cabe ser muy rigurosos y austeros en la parte del gasto. Por el lado de los ingresos, únicamente hay margen para subir algo los impuestos indirectos sin dañar la competitividad de la economía española.