Cien despedidos de Delphi, sin prestación por fraude de una fundación afín al PSOE

Protestas de los trabajadores de Delphi (Foto: Emilio J. Rodríguez-Posada con licencia CC-BY-SA-2.5).
Protestas de los trabajadores de Delphi (Foto: Emilio J. Rodríguez-Posada con licencia CC-BY-SA-2.5).
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Las irregularidades fomentadas por la Junta de Andalucía en el caso de los extrabajadores de Delphi han tenido como consecuencia que 100 antiguos empleados de la empresa dejen de cobrar el subsidio familiar de 426 euros mensuales que ingresaban tras agotar sus prestaciones contributivas. Un juzgado ha abierto medidas cautelares tras la denuncia puesta por FUECA, una fundación vinculada a la Universidad de Cádiz y controlada en buena medida por el PSOE y las marcas blancas de Podemos en esa provincia.

Tras el cierre de Delphi, la Junta de Andalucía puso en marcha un Programa de Reinserción Laboral para sus trabajadores teóricamente destinado a garantizarles nuevos empleos en empresas que se instalaran en la Bahía de Cádiz. Sin embargo, eso no ocurrió. Cerca de 800 personas se acogieron a prejubilicaciones y otros encontraron trabajo por su cuenta. Sin embargo, el resto siguió dependiendo de las salidas que ofrecía teóricamente el Gobierno autonómico.

En 2012 comenzaron a cobrar el subsidio de desempleo por los contratos que habían firmado con una serie de fundaciones que recibieron generosas subvenciones por ello. Según han dicho fuentes sindicales a OKDIARIO, se trataba en su mayor parte de organizaciones vinculadas directamente al PSOE de Andalucía. La excepción a ente vínculo tan directo era la Fundación Empresa Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA).

Al igual que en las otras fundaciones, a pesar de haber un contrato laboral no existió tal relación. Los ex trabajadores de Delphi acudían a cursos de formación y en algunos casos hicieron prácticas. Por todo ello, FUECA recibió una subvención de más de 20 millones de euros. Cuando la relación terminó, comenzaron a cobrar la prestación por desempleo. Terminado el periodo en el que podían cobrar dicha prestación, comenzaron a recibir el subsidio familiar de 426.

La Inspección de Trabajo terminó detectando que en las contratación de los ex trabajadores de Delphi por las fundaciones  se había producido un fraude por simulación de contrato. Dicho organismo exculpó a los contratados, pero impuso a las fundaciones beneficiarias de las subvenciones a pagar una multa de 651 por cada falso contratado y a devolver las prestaciones por desempleo que cobraron cada uno de ellos, al considerarlas responsables solidarias.

La respuesta de FUECA consistió en demandar ante el Juzgado de lo Social de Cádiz al Ministerio y a la Consejería de Empleo, además de a los sindicatos y a 420 trabajadores a los que había contratado de forma fraudulenta según la Inspección de Trabajo.

En el patronato de FUECA tienen un gran peso organismos públicos, como ayuntamientos, mancomunidades y otros. La mayor parte de ellos están controlados por el PSOE: las mancomunidades de municipios de la Bahía de Cádiz y de la Sierra de Cádiz, la Agencia de Innovación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento del Puerto de Santamaría y las autoridades portuarias del Puerto de la Bahía de Cádiz y del Puerto de Algeciras. Las marcas blancas de Podemos tienen su presencia a través del Ayuntamiento de Cádiz y del Consorcio Zona Franca de Cádiz, ambos presididos por José María González ‘Kichi’ y el Ayuntamiento de Puerto Real.

A partir de la denuncia de FUECA, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) solicitó al Juzgado de lo Social de Cádiz que tomara como medida cautelare la suspensión del subsidio familiar que cobran los 420 ex trabajadores de Delphi denunciados. La causa se divide en tres juzgados, los número 1, 2, y 3. Sólo este último estima dichas medidas cautelares y autoriza la suspensión de dicha prestación a 100 de los afectados.

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