Ofensiva legal contra el Banco Popular por la quita del 80% a sus bonistas

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El presidente del Banco Popular, Angel Ron. (Foto: EFE)
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Los principales despachos de abogados que se dedican a las reclamaciones en materia financiera han lanzado una campaña de captación de clientes del Banco Popular. El próximo 25 de noviembre vence su emisión de bonos convertibles en acciones, que supondrán una pérdida del 80% para los 35.000 inversores que confiaron en la deuda de la entidad.

Según han confirmado fuentes financieras a Okdiario, despachos como el gabinete Arriaga y Asociados, Navas & Cusi, o V abogados han iniciado una ofensiva legal contra el Banco Popular, que será el siguiente frente que tendrá que acometer la entidad tras los escándalos de las preferentes y las devoluciones de dinero a los hipotecados por cláusulas suelo indebidamente aplicadas.

El nuevo frente legal se suma al de las preferentes y las cláusulas suelo

Los bonos convertibles que vencen el 25 de noviembre son consecuencia de la renovación de otra emisión del mismo producto que venció en 2013 y que fue lanzado en 2009. El banco ofreció a los inversores mejorar las condiciones en lugar de devolver el importe invertido (el nominal) por la caída del precio de las acciones, lo que fue aceptado por el 95% de los bonistas antes de que venciera el plazo.

Cotización Banco Popular (Fuente: Investing.com)
Cotización Banco Popular (Fuente: Investing.com)

Sin embargo, estos bonistas ahora no van a poder recuperar el nominal,  ya que obligatoriamente se convierten los bonos en acciones. En lugar de recibir el dinero pasan a ser accionistas del Popular. De efectuarse el canje hoy las pérdidas rondarían el 80%. El precio de la conversión ha pasado de los 17,7 euros por acción a los 3,3 euros que cotizan los títulos en estos momentos.

Los abogados consultados recuerdan que este producto “no está indicado para inversores con poca experiencia” y que esa es la clave que van a utilizar los despachos para reclamar, denunciando la “falta de información que se proporcionó a los inversores en el momento de su colocación”.

Banco Popular: la pérdida real es del 35%

La entidad financiera indica que no se trata de una pérdida del 80%, sino del entorno del 35%, ya que los inversores han recibido intereses durante todos los años desde que adquirieron los bonos, una tasa que en los dos últimos años ha alcanzado el 7% anual. No obstante, la intención de la entidad es analizar el caso de cada cliente de forma particular y plantea como opción estándar un depósito a cinco años remunerado con un máximo del 5%.

“Aún teniendo en cuenta el 25% de rentabilidad de 5 años y el 35% o el 40% de rentabilidad de los bonos, no llegarían a compensar la pérdida en términos nominales, sin tener en cuenta la inflación acumulada en una más de una década”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusi.

Una oficina del Banco Popular en La Coruña. (Foto: EFE)
Una oficina del Banco Popular en La Coruña. (Foto: EFE)

Sin embargo, Navas admite que la llamada “solución predefinida” permite invertir en estos depósitos hasta 2,5 veces la cuantía del bono para aquellos que invirtieron más de 50.000 euros ,pudiendo llegar a tres veces en los casos en los que la inversión fuera inferior a los 50.000 euros. “Es decir, podrían llegar a recuperar la inversión, pero forzando a un depósito a plazo”, indica el abogado.

Los tribunales: hay “asimetría informativa”

De momento, los bonistas ya han tenido éxito en los tribunales. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia condenó al Banco Popular ha devolver a un inversor 185.000 euros que había comprado bonos subordinados necesariamente convertibles.

El tribunal ha declarado la nulidad de la operación, por considerar que había existido “asimetría informativa”, es decir, que el cliente no sabía lo que estaba contratando ni el riesgo que suponía. La misma línea argumental que los despachos de abogados están empleando en el caso de las acciones preferentes.

Las fuentes financieras consultadas explican que el impacto en las cuentas de la entidad financiera puede ser muy importante, ya que el importe vivo de la emisión que ahora vence supera los 630 millones de euros. En el caso de las preferentes, los jueces han dado la razón al 90% de los demandados y este nuevo frente legal podría registrar números similares.

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