El tripartito de izquierdas que declaró Palma libre de desahucios lleva tres en cuatro meses

El tripartito de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Palma, y que impulsó la declaración de la capital balear como ciudad libre de desahucios, lleva tres desalojos ejecutados en cuatro meses desde el Patronato Municipal de la Vivienda presidido por la concejala secesionista de Més, Neus Truyol. 

El mismo gobierno municipal que se niega a apoyar las propuestas de la oposición, para facilitar asesoramiento jurídico a los propietarios palmesanos de inmuebles con okupas a los que adeudan sumas notables de dinero que quedan pendientes de pago a expensas de los tribunales, ha refrendado tres lanzamientos en pisos sociales de propiedad municipal desde el pasado mes de noviembre, y procedido al desalojo de okupas de otra media docena de viviendas de Corea en el barrio de Camp Redó. 

El Ejecutivo palmesano liderado por el alcalde socialista, José Hila, que ha venido rechazando sistemáticamente propuestas de PP, Vox y Ciudadanos para que la oficina municipal antidesahucios, ofrezca ayuda y orientación a todas aquellas personas que han visto cómo los ‘okupas’ entraban en sus casas, no le ha temblado el pulso para desalojarlos de los pisos municipales y desahuciar a inquilinos con deudas. 

El último acuerdo para emprender acciones judiciales contra uno de ellos se rubricó el pasado día 8 de este mes de marzo, cuando el Consejo Rector del Patronato aprobó una resolución en este sentido contra los residentes en una vivienda social arrendada en el barrio de Es Fortí. La inquilina en cuestión a la que el Consistorio alquiló este piso social en 2016, arrastraba una deuda de 10.048 euros. 

Tal y como figura en el acuerdo, la arrendataria sólo abonó de forma regular la renta de 343 euros las tres primeras mensualidades, y después procedió a ir pagando la deuda de forma fraccionada pero sin regularidad. Consta en el expediente, informes de los servicios sociales del Patronato municipal relativos a las numerosas gestiones efectuadas para facilitar el cumplimiento de la obligación de pago, así como la falta de atención a las indicaciones realizadas por los trabajadores sociales. 

Para la dirección de este organismo municipal, ante la falta de implicación de la familia en querer solucionar su situación «no se considera adecuado ni admisible que ocupe un piso municipal». 

Unas conclusiones que se repiten en los dos otros desalojos tramitados a finales del pasado año, uno de ellos, en el mismo barrio de Es Fortí. En este caso era un inmigrante residente en un piso de la calle Damas Calvet, y una tercera persona, pensionista, desahuciada de una vivienda municipal del barrio del Puig de Sant Pere. Como le sucede a cientos de propietarios con okupas en sus inmuebles, los servicios sociales reconocen que «no quedan claras las razones que alega el inquilino para no pagar el alquiler» del que adeuda más de 7.200 euros, y cuyo desembolso, el Consistorio ha reclamado ya en los tribunales.