Las prohibiciones: la Kriptonita del Gobierno balear

Hace unos días se daba a conocer el que la oferta de alquiler vacacional en Mallorca se ha disparado un 70% en los últimos seis años. De los 9.600 alojamientos que se ofrecían entonces se ha pasado a los 16.500 actuales. Estos datos surgen del portal Inside AirBnB, una web independiente que analiza los datos de la mayor plataforma de alquiler turístico. Las cifras recogen tanto la oferta legal como la ilegal que se anuncian en el portal.

Mientras en 2016 Mallorca tenía un índice de una casa de alquiler turístico por cada 77 habitantes, este año se sitúa en una vivienda turística por cada 57 residentes. Un incremento de la presión que sitúa a la isla de Mallorca al nivel de grandes capitales europeas como París, que cuenta con un inmueble vacacional por cada 47 habitantes.

Lo curioso de todo esto es que esta explosión de plazas de los últimos años se produjo a pesar de las estrictas normativas que se crearon para regular la actividad, dieron sus primeros pasos en 2017 con la reforma de la Ley Turística. A pesar de que el alquiler turístico en pisos está terminantemente prohibido en Palma y otras zonas saturadas del litoral, los anuncios de apartamentos siguen publicitándose y haciendo crecer la oferta ilegal. Asimismo, existe una moratoria en cuanto a la asignación plazas vacacionales en Mallorca.

Quien ha comprado y reformado un piso para ponerlo como alquiler vacacional parece preferir arriesgarse a la multa a renunciar a tan suculenta suma de dinero durante la temporada. Y la oferta sigue porque la demanda no baja.

Algo muy parecido es lo que podría suceder, según los expertos, en el caso de aumentar las restricciones en cuanto al juego privado promovida por el vicepresidente Yllanes: la moratoria de apertura de salones, las restricciones frente al juego y el endurecimiento de la normativa no hacen más que fomentar el efecto contrario, la proliferación del juego ilegal, sin regulación y son control.

Lo que importan no son las palabras sino los resultados. El borrador de la nueva reglamentación que está encima de las mesas ahora mismo no hace sino que avivar la llama de la injusticia empresarial en alas de una supuesta “paz social” ante un conflicto interesado que pocos entienden y que puede afectar al futuro de más de 1500 familias solo en Baleares.

Lo que no se aplica al sector de juego público, no debería aplicarse al juego privado. Máxime cuando el juego público significa casi la mitad de la totalidad del sector del juego. ¿Por qué no se comienza a regular esta gran parte (accesos, publicidad etc) en vez de seguir estrangulando a un sector, el del juego privado que es solo el 9% del sector, híper regulado y súper controlado? La ideología no debería estar por encima de la justicia y el estado del bienestar.