Un cargo de la oficina creada por Armengol para exigir el catalán a los sanitarios no conoce esta lengua

El Govern de Baleares que preside la socialista Francina Armengol aplica a la carta su propia ley sobre la exigencia del conocimiento del catalán para trabajar en la Administración autonómica. Para fiscalizar la aplicación de esta normativa creó la Secretaría Autonómica de Política Lingüística, un organismos que ahora no vive su mejor momento. Este miércoles ha dimitido la directora general de este organismo, Agustina Vilaret, y ahora se sabe que un cargo de confianza del mismo departamento no tiene el obligatorio certificado de catalán.

La persona en cuestión es S. A. R. que ocupa el cargo de secretaria en el departamento de Política Lingüística. Esta persona ha sido excluida del concurso de méritos para acceder a una plaza en el grupo de gestión del Servicio de Salud de Baleares, el Ib-Salut. Según consta en el listado de aspirantes a estas plazas publicado por el Govern, S. A. R. aparece como excluida  por haber presentado un certificado «no válido» sobre el conocimiento del catalán.

Junto al cargo de confianza del departamento de Política Lingüística hay medio centenar más de aspirantes que también han sido rechazados por no tener el certificado. El nivel de catalán exigido era el B2, inferior al que se necesita en la mayoría de puestos de trabajo de la administración autonómica. El cargo de confianza S. A. R. no tiene el certificado de este nivel medio de catalán a pesar de trabajar en la Secretaría Autonómica de Política Lingüística.

Esta persona es hermana de un alto dirigente de la formación independentista Més per Mallorca, que es la que da más batalla a la hora de  imponer el catalán en todos los sectores, incluso en los cuarteles de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Esta misma semana, en el pleno del Parlament balear, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez (PSOE) defendió la exigencia del requisito del catalán al personal sanitario, incluidos los celadores. Dijo que con esta exigencia «solo se está aplicando la ley».

Así lo dijo la consellera en respuesta a una intervención de la diputada de Vox Idoia Ribas, quien denunció que exigiendo ahora de forma retroactiva a los celadores la capacitación en catalán se está negando el trabajo a 2.500 profesionales. «¿Necesitamos que el celador que nos lleva a hacernos un TAC sepa catalán»?, le preguntó la diputada a la consellera para a continuación calificar este requisito como «ridículo y absurdo».

El 22 de septiembre OKDIARIO desveló que la Conselleria de Salud había decidido excluir a 2.600 aspirantes a ocupar una plaza en los hospitales y centros de salud de Baleares por no tener acreditado el conocimiento del catalán.  Eran en concreto 12 enfermeras de Urgencias, 2.500 celadores y una cuarentena de trabajadores sociales e higienistas bucales.

Aquí no hubo excepciones como sí se hace con el cargo de confianza de Política Lingüística . Donde sí hubo excepciones fue en la Empresa Funeraria de Palma, controlada por Podemos. Este partido se saltó el pasado mes de enero la exigencia del catalán para poder blindar a su gente en la funeraria . No exigió el certificado de conocimiento básico, hablado y escrito, de  lengua catalana ni se obligó a hacer examen alguno para demostrar el dominio de ese idioma. Se trataba aquí de la creación de una bolsa de trabajo de peones especialistas funerarios y de cementerios.

Fue una decisión que contravenía la normativa municipal de normalización lingüística del Consistorio palmesano, que defiende a capa y espada la actual coalición de gobierno de izquierdas.