Opinión

Subir salarios por decreto y aprobar nuevos impuestos no arregla el déficit de la Seguridad Social

Subir salarios por decreto y aprobar nuevos impuestos no arregla el déficit de la Seguridad Social

El Secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, ha avanzado la estrategia del Gobierno para corregir el déficit financiero que arrastra el Sistema público de pensiones y asegurar su viabilidad financiera a largo plazo.

La receta es muy simple: subir salarios y crear nuevos impuestos. En definitiva, aumentar los ingresos del Sistema para poder atender la reivindicación de los pensionistas de que sus pensiones se revaloricen anualmente con el IPC del año anterior. Todo ello sin perjudicar el equilibrio financiero del Sistema a lo largo del ciclo económico, que es el objetivo último del índice de revalorización de las pensiones introducida por el Gobierno del PP en la reforma del año 2013.

Se trata de una fórmula polinómica incomprensible para la mayoría de los ciudadanos que ha sido muy mal explicada y que ha dado lugar a interpretaciones claramente demagógicas.

La subida de salarios es un objetivo inobjetable desde el punto de vista económico más ortodoxo, siempre y cuando se ligue al aumento de la productividad laboral, y se ignore cualquier pretensión de hacerlo por decreto, por ejemplo, aumentado artificialmente el salario mínimo interprofesional.

La economía de mercado funciona con algunas leyes básicas, pocas, pero tan inexorables como la ley de la gravedad; una de ellas: el salario no puede ser superior a la productividad marginal del trabajo. Si el salario se aumenta por decreto, el empleo cae rápidamente hasta el nivel necesario para recuperar el equilibrio perdido. Dicho de otra manera, los empleos de menor productividad desaparecen. Especialmente si las regulaciones laborales impiden el ajuste del empleo, las empresas desaparecen y con ellas todos los empleos, los más y los menos productivos.

El Acuerdo Marco firmado el pasado 25 de junio, entre Patronal (CEOE y Cepyme) y Sindicatos (CCOO y UGT) para los años 2018, 19 y 20, establece un incremento fijo, en torno al 2 %, y un incremento variable, del 1 %, ligada a los conceptos de productividad, resultados, absentismo injustificado y otros, en base a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por las partes, a fijar en cada convenio, hay que suponer que sectorial o empresarial. Interesante saber cómo se van a medir los aumentos de productividad, uno de los conceptos económicos más esquivos a nivel macroeconómico.

Si se tiene en cuenta que el 2 % fijo, no es en realidad fijo porque se trata de un entorno, que es más o menos la tasa de inflación previsible, y que el 1 % adicional se liga directamente a la productividad laboral o a factores directamente relacionados con ella, el Acuerdo Marco es completamente razonable. Si éste se implementa lealmente a nivel sectorial y empresarial, no hay razón alguna para que se produzca una reducción del ritmo de creación de empleo de los últimos años. En todo caso, puede perjudicar algunas actividades empresariales marginales que se mantienen a base de salarios basura.

El segundo pilar de la receta del Gobierno para corregir los desequilibrios del Sistema público de pensiones, el aumento de impuestos, parece mucho más problemático, dada la precaria situación parlamentaria del Gobierno, y sobre todo la dificultad técnica de articular una propuesta fiscal que combine la eficacia recaudatoria con la necesidad de no perjudicar los resultados empresariales y la inversión necesaria para favorecer los incrementos futuros de la productividad laboral y, por tanto, el primero de los dos pilares de la receta.

Un aumento de impuestos apresurado puede tener efectos claramente negativos para la actividad económica que muy probablemente terminarían perjudicando el empleo y los salarios.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa necesariamente por una reforma a fondo del actual sistema fiscal, que todos los expertos saben que hace aguas por todas partes. ¿Qué tal retomar el proyecto de reforma elaborado por el grupo de expertos presidido por el profesor Lagares, que fue reconocido como muy positivo por la OCDE y que el anterior Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó por razones que nunca explicó?

Gerardo Ortega Miguel es economista y consultor. Fue presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España ente 1982 y 1989. Más tarde, entre 1991 y 1999 fue  decano del Colegio de Economistas de Madrid.

Lo último en Economía

Últimas noticias