Sanidad ya estudia la documentación para que Granada y Málaga avancen a la fase 1

La Junta de Andalucía ya ha enviado al Ministerio de Sanidad la documentación para que Málaga y Granada se equiparen a las otras seis provincias de la comunidad avanzando a la fase 1 del proceso de desescalada. Además, Castilla y León también ha solicitado avanzar en 42 zonas básicas de salud.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles por vía telemática con las comunidades de Castilla y León y Andalucía para la transición a lo que el Gobierno define como «nueva normalidad», tal y como ha informado Moncloa. Ahora, las autoridades sanitarias estudiarán y analizarán la documentación técnica enviada por ambas regiones y Sanidad decidirá a lo largo de la semana sobre el avance de la desescalada.

Los gobiernos autonómicos han empezado a plantear al Ejecutivo central sus propuestas para pasar de la etapa inicial a la fase 1 en territorios como la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y algunas zonas de Cataluña o Castilla y León. El ministro continuará este jueves con las reuniones bilaterales con las regiones que han pedido pasar al siguiente nivel de desescalada.

En el caso de Andalucía, el Ejecutivo regional ha confiado este miércoles en que las provincias de Málaga y Granada estén en la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes y que puedan pasar en unos diez días a la fase 2, al mismo tiempo que las otras seis provincias que actualmente están en la fase 1, si todos los parámetros sanitarios lo permiten.

Así, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en que no se entiende la decisión que adoptó el Gobierno de dejar en fase cero a esas dos provincias y, en cambio, permitir que sí pasaran de fase otras provincias de España o comunidades enteras que tienen una mayor incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, como el caso de País Vasco, Navarra o La Rioja.

Moreno ha señalado que, a día de hoy, no tiene claros los criterios que ha aplicado el Gobierno central para tomar estas decisiones, algo que también han puesto de manifiesto presidentes de otras comunidades. En su opinión, es un problema y el Ejecutivo nacional hace un «flaco favor» si no tiene «criterios objetivos, transparentes y equiparables a todos los territorios». «Cuando hay opacidad, nos encontramos con una incertidumbre que no es nada buena», ha apuntado.