El PP andaluz recuerda que Campo «puso en duda el saqueo de los ERE»

El PP de Andalucía (PP-A) ha cuestionado este jueves, a través de su secretario general, Antonio Repullo, los nombramientos propuestos por el PSOE para el Tribunal Constitucional (TC), señalando especialmente a Juan Carlos Campo, «el ministro que firmó los indultos del procés y que puso en duda que se estuviera saqueando Andalucía con los ERE».

Además, Repullo ha destacado «la cesión de tapadillo al independentismo catalán con la derogación del delito de sedición con nocturnidad y alevosía, cuando la sociedad está en otras cosas».

Críticas a Sánchez

El secretario general del PP-A ha afirmado también que «el Gobierno de Pedro Sánchez está llegando a los niveles más bajos de desconexión con la realidad y con la sociedad porque está instalado en la improvisación permanente, en el que la gestión de sus ministros genera inseguridad constantemente». «Andalucía no merece un Gobierno como el de Sánchez, que sólo hace políticas para mantenerse en el poder», ha apuntado.

Tras criticar que «el ministro Marlaska está siendo el hazmerreír del país» y señalar que «si reconociera su realidad se marcharía y dimitiría», Repullo ha puesto el acento en el hecho de que «este Gobierno cuenta ya con 43 delincuentes sexuales que han salido de la cárcel gracias a esa inseguridad jurídica que ha generado la ley del ‘Sólo Sí es Sí’, una cifra macabra que podría verse incrementada hasta 100 sólo en Andalucía».

Además de todo eso, Antonio Repullo ha afeado especialmente la «maniobra» del Gobierno de Sánchez para «restar autonomía fiscal a Andalucía improvisando un nuevo impuesto ideológico con el único objetivo de restarle a nuestra comunidad competitividad y atractivo para seguir atrayendo inversiones, y frenar su desarrollo».

En su opinión, «esto sólo puede obedecer a una razón y es que Andalucía se está convirtiendo en una amenaza para aquellos partidos que quieren que todo se haga en su comunidad». «Ni Andalucía ni España se merecen un gobierno como este del señor Sánchez, que tiene basada su gestión en la improvisación y que sólo hace políticas para mantenerse en el poder», ha apuntado.

Ha añadido que «lo más increíble de todo es que el PSOE de Andalucía y Espadas no sólo vean bien toda esa gestión, sino que además la defiendan con toda la firmeza».

Lista

Frente a ello, en Andalucía hay, según ha expuesto Repullo, un gobierno «sensible, que antepone los intereses de los andaluces por encima de los de partido con el único objetivo de seguir apostando por el crecimiento económico y social de esta comunidad autónoma», poniendo sobre la mesa las herramientas necesarias como es la reciente aprobación del reglamento de la Lista.

Repullo ha explicado que «esta norma viene a poner por fin el punto final a más de dos décadas de caos legislativo que los gobiernos socialistas nunca tuvieron voluntad de solucionar, obstaculizando el desarrollo de cientos de municipios andaluces y la pérdida de muchas oportunidades».

Ha recalcado que «en menos de un año, el Gobierno de Juanma Moreno ha sido capaz de aprobar una nueva Ley urbanística para Andalucía y su correspondiente reglamento, dotando así a nuestra comunidad autónoma de una regulación moderna, más sencilla y más completa sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, además fruto de un amplio consenso social, político e institucional».

Asimismo, ha subrayado la dosis de simplificación administrativa que aporta la nueva normativa puesto que «donde antes había dos leyes y tres reglamentos, ahora hay una sola ley con su correspondiente desarrollo reglamentario en todos sus aspectos, tanto el de planeamiento, como el de la gestión y la disciplina, lo que la convierte en la ley más complete que ha tenido nunca Andalucía en este ámbito».

En definitiva, el secretario general del PP de Andalucía ha defendido que «con la Lista, su reglamento y el decreto Ley mediante el cual se adapta el texto de la ley a los aspectos acordados con el Gobierno de España, lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno es ofrecer la certeza necesaria para que los ayuntamientos puedan elaborar y desarrollar sus planeamientos con agilidad, y la seguridad jurídica imprescindible para hacer realidad tanto proyectos de inversión pública como de colaboración público-privada que permitan a nuestros municipios seguir creciendo y desarrollándose».