Fernández Díaz intentó acabar con la ‘mafia’ de los cursos de puntos pero el PP lo paró in extremis

El abusivo monopolio de CNAE sobre los cursos de recuperación de puntos, que según las grabaciones publicadas OKDIARIO estaban amañados, era algo tan conocido por el Gobierno del PP que en 2014 redactó una enmienda porque el método «impedía la libre competencia». Pero aquel intento de sustituir el sistema de concesión por el de mera autorización se frustró. El PP retiró sorpresivamente e in extremis su enmienda tras recibir instrucciones del lobby de CNAE, según senadores que vivieron esa experiencia. Así, quedó fijado que siguiera rigiendo el sistema ‘mafioso’ de contratación. CNAE había ganado.

La secuencia del abortado intento de enterrar el método heredado del PSOE de adjudicación de los cursos por el de mera autorización de los centros que quisieran abordar tal labor empezó a gestarse a fines de 2013. En esas fechas, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, junto con la directora de Tráfico, María Seguí, mantuvieron una entrevista con una asociación de escuelas marginada del sistema. Esta entidad, que acudió de la mano de un notable abogado de la firma Cremades, les planteó los vicios de este abusivo sistema que, a su juicio, sólo beneficiaba a CNAE. Esta asociación les reclamó el fin de este monopolio.

Ambos cargos de Interior tuvieron una «actitud muy receptiva, justa y rigurosa, con una decencia ejemplar» ante los emisarios de esta queja/denuncia de una rival del imperio de José Miguel Báez, según participantes en el encuentro. En todo caso, Fernández Díaz y Seguí tuvieron que escuchar las duras acusaciones: que el sistema vigente, heredado del gobierno socialista, sólo beneficiaba a las empresas de Báez.

Los intervinientes consultados declinan detallar si, más allá de pedir la abolición del sistema de concesión administrativa de los cursos de recuperación de puntos, se insinuaron posibles irregularidades en los contratos, algo que ahora es más que una sospecha tras escucharse las cintas de aparentes amaños. En todo caso, sí admiten que atacaron a fondo la base del sistema que había permitido un monopolio de CNAE.

Ambos interlocutores del Gobierno del PP se mostraron receptivos a tal cambio, según los asistentes a esta reunión de alto nivel. Prueba de ello es que la dirección de Tráfico hizo una propuesta en este sentido con el aval del ministro, que el PP lo llevó en su programa electoral y que estaba a punto de ser aprobado como enmienda dentro de la reforma de la Ley de Seguridad Vial en el Senado. Pero de repente fue paralizado el cambio en el sistema de concesión. La enmienda desapareció, retirada por el mismo grupo que la presentó: el Popular.

El texto de este apartado en la Ley de Seguridad Vial cambió radicalmente. En su primera redacción, la enmienda era de una crudeza impecable: «El actual régimen de concesión impide que otros centros que pudieran estar capacitados para impartir los cursos puedan hacerlo, constituyendo una restricción injustificada a la libre competencia. Se estima que, en estos momentos, con la experiencia del funcionamiento del permiso por puntos es conveniente abrir la impartición de estos cursos a otros colectivos que pudieran estar interesados».

El cambio propuesto en la enmienda era revolucionario: «Abrir el régimen de centros que imparten los cursos de sensibilización y de reeducación vial significa cambiar el modelo regulatorio completo. En primer lugar, supone cambiar el régimen de concesión por el de autorización. De esta manera estos centros pasan a estar sometidos a un régimen de apertura y funcionamiento parecido, aunque con matices, al que existe  para los centros de formación de conductores».

La ley fue aprobada el 7 de abril de 2014 sin esas reformas que habían apadrinado Fernández Díaz y Seguí. El autor de la enmienda popular, Antolín Sanz, declinó dar su versión de su enterrada iniciativa. Sólo indicó que todas las propuestas que realizó venían de la mano del Gobierno. Otros senadores lo explican sin tapujos: «CNAE nos hizo ver los peligros de abrir el melón y que entrara cualquiera y nos parecieron  argumentos convincentes».  El lobby de Báez se había movido a pleno rendimiento.

Por ello, conocedores de este vasto negocio que se ha movido en torno a los cursos de recuperación de puntos se preguntan dónde acaba la influencia de Báez, ya que parecer superar con mucho los despachos de Tráfico. Al ministro de Interior, Fernández Díaz, y al PP le habrían bastado aprobar la liberalización del sector para pulverizar el poder de Báez y sus posibilidades de amaño en torno a un departamento como la dirección general de Tráfico donde existían demasiadas familiaridades desde hacía muchos años con sus equipos directivos, tal y como apuntan las charlas grabadas a sus altos cargos difundidas por este diario.

El PP, por razones que mandos de Interior dicen ignorar, avaló la bandera de la concesión para cursar la recuperación de puntos. Y esto era tanto como bendecir el terreno de juego preferido por Báez para lograr sus jugosos contratos.

Un negocio que le ha brindado 24 millones de euros. Nació a raíz de una primera adjudicación otorgada en 2006 por el Gobierno del PSOE pero al ser susceptible de diversas prórrogas llegó a rozar la década como monopolio. Sólo había una salida para dinamitarlo: que el PP reformara el sistema, lo que finalmente no hizo.