El juez candidato de Podemos a la Xunta dice que el Español se habla por «prejuicios»

El candidato de En Marea y Podemos para las elecciones gallegas del 25-S, Luis Villares, es conocido por su activismo en la defensa del gallego y su firme defensa de la promoción del idioma autonómico, aún a costa del castellano.

Villares, juez en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha llegado a asegurar en algunas tertulias y debates sobre el uso del gallego, que los padres hablan en castellano a sus hijos por «prejuicios» hacia este idioma.

En una ponencia organizada en 2009 por la Mesa pola Normalización Lingüística, entidad que defiende la promoción en el uso del gallego en distintos ámbitos, Villares afirmaba, por ejemplo, que los gallegos no tenían “libertad” para elegir qué idioma usar. Según el juez, esto se debía a que no tenían «competencias» para hablar bien el gallego, lo que limitaba su capacidad de elección.

Pero los grandes culpables del escaso uso del gallego, según Villares, son los padres, que hablaban en castellano a sus hijos por «prejuicios» hacia el gallego y que no deberían tener el derecho a decidir en qué idioma escolarizar a sus hijos. Según el juez, esto habría de corresponder únicamente a los poderes públicos.

“Esa especie de racismo lingüístico que significa la segregación de los estudiantes por centros en función de la lengua, esa desvergüenza, porque no puede ser calificada de otra manera es ilegal, porque la Ley de Normalización Lingüística de Galicia lo prohíbe”, decía Villares en el vídeo. Esta ley recoge “que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna”.

En Galicia rige actualmente el decreto del plurilingüismo, aprobado en 2010 por el Gobierno de Feijóo. El decreto contemplaba, por ejemplo, la posibilidad de que los padres determinasen la lengua que se usase de modo predominante en el aula, mediante una consulta.

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló la posibilidad de que los padres eligiesen el idioma en que se deberían impartir las clases, por medio de una consulta y también tumbó la posibilidad de utilizar la lengua castellana al alumno en materias impartidas en gallego, lo que, consideraba, iba en contra de la Ley de Normalización Lingüística.

La sentencia consideró que la Administración educativa no podía «abdicar» de su responsabilidad de decidir en qué idioma se imparten las clases, delegándolo a los padres.

El «capricho» de hablar castellano

Villares continuaba asegurando que “la decisión sometida al capricho, a la arbitrariedad y la reproducción de prejuicios de padres y madres a la hora de escoger para los niños y niñas un sistema u otro carece de fundamento”.

Además, consideraba que los padres que hablaban en castellano por sus hijos lo hacían por “prejuicios” y criticaba la “presión ambiental” para no utilizar el gallego.

«La escuela debe cumplir una función revolucionaria al estilo francés, que como ellos decían, tenía que suponer una ruptura con determinadas tradiciones de la casa cuando estas eran malas”, dijo, en una mesa redonda sobre el uso del gallego organizado en una televisión local, Telelugo, en referencia a los «prejuicios» que tendrían los jóvenes gallegos para no hablar en el idioma propio.

En su intervención, Villares defendía que se debería «cortar de alguna manera el prejuicio de casa de no transmitir el gallego”.