Teresa Ribera y su equipo: listos para poner fin a la era del carbón

Mirar al S. XIX o mirar al S. XXI. Estos son los dos caminos que tiene Teresa Ribera, ministra de Transición Energética, a la hora de abordar la descarbonización de la economía española. Tras el acuerdo europeo con respecto a elevar la cuota de renovables hasta el 32% en 2030, el final del carbón parece cada día más cerca y la cartera de Ribera sabe que -tarde o temprano- tendrá que enfrentarse al sector de la minería. Por ello, para buscar conciliación en esta ‘transición justa’ para la cuenca minera, la ministra ha fichado al asturiano Hugo Morán como nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente.

España se sumó en 2015 al Acuerdo de París, uno de los pactos más ambiciosos a nivel internacional para frenar el efecto invernadero. Entre los compromisos adquiridos, nuestro país se comprometió a reducir un 40% las emisiones de CO2 -generados por la quema de combustibles fósiles como el carbón- en 2030 respecto a las de los años 90.

Ahora, con la nueva líder de Transición Energética del Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso de España con las energías limpias es aún mayor si cabe. Pero, claro, la responsabilidad de aminorar el impacto medioambiental con la reducción de la quema de carbón tiene algunos daños colaterales que Ribera tendrá que afrontar: el sector de la minería.

Una confrontación que, a tenor de la partida presupuestaria del Ejecutivo popular, va a costar un buen pico al erario público este año y los venideros. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 cerrados y presentados por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contemplan una partida de 319 millones de euros para el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) un 14,4% más que en 2017 cuando recibió 273 millones de euros.

Este organismo, dotado de un amplio presupuesto crematístico, gestiona las medidas dirigidas a aliviar el efecto de la transición energética en aquellas zonas de España que se han dedicado a la minería como Castilla y León, Asturias y Aragón. Entre otras competencias, este instituto es el que paga las prejubilaciones de los mineros, los costes de explotación de las empresas en proceso de cierre, así como el desarrollo de proyectos regeneradores de la economía y empleo de estas zonas relacionadas con el carbón.

“No es ningún secreto que con la nueva normativa europea la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón irán decayendo”, decía la semana anterior la ministra. De hecho, el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía -que ella misma presidía- señalaba que la fecha límite para la actividad de las plantas de carbón estaba en 2025.

No obstante, esta paulatina caída del carbón, según Ribera, “no puede dejar a nadie atrás en el camino” y es necesario ver cómo se activa el empleo en las comarcas que dependen de las centrales térmicas.

En este escenario donde, previsiblemente, no lloverá a gusto de todos, Ribera ha contado con la figura de Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente. Un asturiano nacido en Lena, diputado por Asturias, patrono de la Fundación Renovables y una estrecha vinculación con el desarrollo rural, la gestión ambiental o el compromiso por la acción climática que tendrá que lidiar con los mandatarios regionales, las organizaciones ecologistas, la oposición y los sindicatos.